Así lo declaró Pérez Bueno durante la presentación del Libro Blanco sobre las Personas con Discapacidad Sobrevenida en España 2025, celebrada en Servimedia.

En su opinión, "es natural” que la reforma del artículo 49 de la Constitución, que suprimió el término ‘disminuido’ y reforzó la obligación de los poderes públicos de proteger los derechos de las personas con discapacidad, "tenga su reflejo en las principales leyes del sector ": la de Autonomía Personal y Dependencia y la General de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Sin embargo, prosiguió, este nuevo mandato debe tener su correlación en el resto de leyes y normativas a nivel nacional, autonómico y local. Explicó que todas deben estar en línea con el mandato de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Por ello, consideró “inaudito” que todavía haya territorios que no dispongan de legislación sobre discapacidad, cuando esta "es una competencia exclusiva" de su gestión.

“Hay otras que tienen normas referidas a accesibilidad, a atención temprana…”, prosiguió, y algunas que sí tienen leyes en este ámbito, pero que “no se actualizan desde hace más de 20 años”. En su opinión, ninguna “cumple con el modelo de derechos que propugna la Convención de Naciones Unidas sobre las personas con discapacidad”, que inspiró la reforma de la Constitución.

Dicha reforma no debe quedarse ahí, por lo que animó a “adaptar todas las legislaciones” a sus postulados. “Ojalá esta reforma sirva como revulsivo", comentó.

AGILIDAD

Por otro lado, Pérez Bueno mostró su confianza en que la reforma de estas leyes permita agilizar las listas de espera. Sobre todo, en lo que se refiere a la valoración de la discapacidad, gracias al reconocimiento automático del 33% de discapacidad para todas aquellas personas que acrediten una situación de dependencia. A su juicio, "a veces esto no se entiende bien " y es importante.

Lo primero, porque "es una cuestión de evidencia ". “No todas las personas con discapacidad tenemos dependencia”, afirmó, pero todo aquel con una situación de dependencia es porque tiene una discapacidad.

Otra ventaja, prosiguió, se refiere a todo lo que tiene que ver con la agilización del sistema. En esta línea, señaló que “muchas personas que solicitan el reconocimiento de dependencia” lo hacen a causa de “un proceso de envejecimiento”.

"Si todas ellas empiezan a demandar el reconocimiento de la discapacidad y han de superar todos los trámites, es que nos podemos ir ya no a los dos o tres años (de espera) actuales, sino a los 10 años”, advirtió.

PROPUESTAS

Según la presidenta de Daño Cerebral Estatal, Ana Cabellos, "cualquier persona con discapacidad, y también con discapacidad sobrevenida, tiene que vivir en un entorno y en un Estado que garantice sus derechos".

Indicó que se deben garantizar "los apoyos individualizados" que estas personas precisan e insistió en la importancia de la asistencia personal.

El presidente de Cermi pidió, además, que esta reforma “vaya acompañada" de una dotación suficiente, por lo que subrayó la necesidad de "contar con Presupuestos Generales del Estado para 2025 y para los años siguientes".

En su opinióno, “todos los elementos que contiene el anteproyecto de reforma de estas leyes son buenos”, aunque la intención del Cermi es "mejorarla" y que "no nos quedemos ahí".

“Queremos que estas dos leyes salgan del Parlamento blindadas y reforzadas” cuando la reforma vea la luz de forma definitiva. Por eso, Cermi presentará enmiendas al proyecto de Ley a su paso por el legislativo.