Según indica Vox en una nota, 15 senadores del PSOE fueron distribuidos entre el Grupo Parlamentario Plural, el Grupo Parlamentario Vasco y el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal. El objetivo de esta cesión era precisamente que se pudieran conformar como grupos parlamentarios.

Ante esta decisión, los tres senadores de Vox, Paloma Gómez, Ángel Pelayo y Fernando Carbonell, han registrado una solicitud de reconsideración con el objetivo de que la Mesa del Senado “recapacite y deje sin efecto” la formación de los tres grupos parlamentarios que han necesitado de los parlamentarios socialistas.

En el escrito, los tres senadores de Vox recuerdan a la Mesa que estos grupos “no cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 27 del Reglamento del Senado, donde se establece un mínimo de 10 senadores” y advierten de que “es precisamente la constitución antirreglamentaria de estos grupos parlamentarios una de las exigencias que los partidos separatistas han impuesto al PSOE para otorgarles sus apoyos parlamentarios”.

Asimismo, explican a la Mesa del Senado que “los cedidos en cada grupo por el PSOE son más numerosos que los senadores electos originarios de cada formación política, alterando de esa manera la representación otorgada por el mandato electoral”, puesto que además hay senadores electos del PSOE “cedidos” a otras formaciones.

Los senadores de Vox argumentan su petición en la “falta de concurrencia de requisitos para constituir los grupos parlamentarios, contradiciendo el artículo 27 del Reglamento del Senado”. “Esta infracción de disposiciones de la norma básica de regulación de la vida parlamentaria es en sí misma un atentado contra el derecho de todos los senadores y, en particular, de los que formulan el presente escrito, al ejercicio de sus funciones parlamentarias”, añaden en la misiva.

El segundo argumento de los senadores de la formación de Santiago Abascal se apoya en el fraude de ley. Y es que, que una formación política “preste” sus senadores a otra para constituir un grupo parlamentario con la intención de que, una vez constituido este último, los senadores objeto de “préstamo” lo abandonen, es “un fraude de ley”.

Además, aclaran que también lo es “favorecer la creación de grupo propio con una finalidad espuria e ilícita para otorgar a sus miembros beneficios políticos y económicos, tales como dotación de presupuesto y recursos de actividad e iniciativa parlamentaria que incluye el derecho a voto en situaciones que de otro modo no lo tendrían”.