Millán aseguró en una rueda de prensa celebrada este martes en el Congreso de los Diputados que su grupo “hará todo lo que esté en su mano” para detener la tramitación de esta ley. Para ello, registró anoche una enmienda en el Senado “para eliminar del texto final la previsión que podría facilitar la excarcelación de sus presos”.

Esta enmienda se registró fuera de plazo, ya que al ir por trámite de urgencia, la fecha límite para su presentación era el 18 de septiembre. Sin embargo, Pepa Millán insistió en que “se trata de una situación extraordinaria” que necesita "medidas extraordinarias", ya que ningún grupo parlamentario se percató del alcance que tendría este proyecto de ley cuando votaron a favor, puesto que a priori tan solo se trataba de la trasposición de una directiva europea sobre el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (Ecris).

Millán lamentó el “cinismo” del Gobierno, que ha utilizado esta vía para “hacer una pirueta legislativa que previsiblemente terminará beneficiando a decenas de etarras”. Del mismo modo, espera que este “sea un punto de inflexión” para que el PP “desista de cualquier tipo de entendimiento con el Partido Socialista y comprenda que la única manera de hacer oposición y de echar a este Gobierno y a su socio es enfrentándose a todas y cada una de sus políticas”.

La diputada de Vox, por tanto, defendió que “la única baza” restante para evitar esa reducción de penas a etarras está en el Senado, para lo que instó al PP a "utilizar su mayoría en la Mesa" de la Cámara Alta para ampliar el plazo de presentación de enmiendas y así poder incluir la suya. No obstante, el PP no tiene la capacidad de hacerlo, puesto que los plazos ya cerraron sin la presentación de ninguna enmienda.

Además, volvió a exigir al PSOE que retire el proyecto de ley y recordó que “lo grave de todo esto” es la normalización “de los pactos con ETA” y “que este Gobierno haya llegado a la Moncloa a base de un pacto con los herederos de ETA que ha ocultado a los españoles”.

Por su parte, senadores de Vox señalaron la necesidad de “hacer lo posible por frenar este disparate”, puesto que consideran que “la gravedad de los hechos, la evidente alarma social y la injusticia que podría generar su aplicación justifica la adopción de medidas extraordinarias”.