El partido de Santiago Abascal ha repetido en diferentes ocasiones al PP que “tenemos herramientas jurídicas suficientes” con el objetivo de parar la tramitación de la ley de amnistía que hoy parte hacia el Senado. Una vez allí, la Mesa deberá calificar el texto y es allí donde la mayoría absoluta de los populares puede frenar esta texto “a todas luces inconstitucional”.

Así, Vox apela al artículo 36.C del Reglamento del Senado, que otorga “el derecho y el deber” de calificar los textos que llegan desde el Congreso. Es en ese punto, en la calificación de la iniciativa, donde cree que el PP puede negarse y crear un “conflicto” entre ambas Cámaras porque “la Mesa del Senado no es un simple órgano de tramitación”.

En este sentido, el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé explicó que en el acto de calificación de la Mesa del Senado la mayoría popular tendría dos opciones: rechazar la iniciativa o devolverla al Congreso a fin de que se tramite como una reforma constitucional. En caso de que la Cámara Alta se negara a tramitarla por considerarla inconstitucional se generaría un conflicto entre instituciones.

Buxadé consideró que la “lógica jurídica” llevaría al Pleno del Congreso a plantear un conflicto entre órganos constitucionales, amparado en el artículo 59 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) procedimiento “complejo y fatigoso” que retrasaría la tramitación, no la aprobación, del texto hasta que el TC decidiese si la Mesa del Senado “se ha excedido o no en sus atribuciones”.

“Incluso la Mesa del Senado podría someter su decisión de inadmitir el texto, por defectos de forma y fondo que la hacen inconstitucional, a la ratificación en votación del Pleno, donde los senadores de Vox se sumarían a una amplia mayoría que rechazase tramitar la proposición de ley”, señaló Buxadé.

Asimismo, el también coordinador nacional jurídico de Vox contempla la posibilidad de que el Congreso decidiese votar en Pleno la ratificación de una iniciativa que no se ha debatido ni votado en el Senado. En ese caso, “debería ser la Cámara Alta la que planteara el conflicto”, explica Buxadé.