Para Vox, esta trama supone "un serio ataque" a los procesos electorales inmediatos y a la democracia española y lamenta que, atendiendo a lo publicado por medios de comunicación sobre las investigaciones del CNI y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Reino de Marruecos parece estar detrás de este fraude electoral.

Este partido destaca en su iniciativa la “llamativa gran demanda para votar por correo en la ciudad de Melilla (el 21% del censo), que es siete veces mayor que en el resto de España”. "Esto no hace más que poner en evidencia los intentos de manipulación de los resultados electorales mediante procedimientos ilegales que potencias extranjeras sufragan y promueven", asegura.

En esta línea, recuerda que la Estrategia de Seguridad Nacional concibe los riesgos y las amenazas "de forma dinámica, no estática". Por ello, señala que "resulta imperativo incluir las injerencias en procesos electorales en el epígrafe de riesgos y amenazas de la próxima Estrategia de Seguridad Nacional".

Además, en su iniciativa, también propone la modificación del Código Penal para que se incluya la realización de conductas dirigidas a influir o alterar en el normal desarrollo de los procesos de formación de la voluntad popular, con mayor gravedad cuando se lleven a cabo en colaboración con gobiernos extranjeros.

El Gobierno, señala Vox, con su "habitual política de inacción", ha permitido que este tipo de situaciones ocurran en España justo antes de la celebración de uno de los dos procesos electorales que ocurrirán este año. Además, destaca que las "sucesivas concesiones" a Marruecos que el Ejecutivo "ha ido aceptando sin siquiera someterlas a debate parlamentario o votación democrática benefician" a ese país y "van en detrimento del interés nacional".

Por ello, Vox insta al Gobierno a impulsar las medidas necesarias para garantizar la ausencia de cualquier interferencia extranjera en el desarrollo de procesos electorales en España e incluir en el epígrafe de riesgos y amenazas de la próxima Estrategia de Seguridad Nacional las interferencias o injerencias en los procesos electorales.

También le insta a promover la modificación del Código Penal para "tipificar como delitos graves la realización, favorecimiento, impulso o promoción de conductas realizadas con inteligencia, cooperación, coordinación o unidad de acción con gobiernos extranjeros o agencias y organismos internacionales, tengan o no carácter gubernamental, dirigidas a influir o alterar en el normal desarrollo de los procesos de formación de la voluntad popular".