La proposición de Vox denuncia, en concreto, “la proliferación de las mal llamadas 'embajadas' de ciertos ejecutivos regionales fuera de España, las políticas de adoctrinamiento que buscan sacar el español del sistema educativo o el uso fraudulento de los medios de comunicación públicos para hacer propaganda de la causa separatista”.

En el caso de Cataluña existen aproximadamente un centenar de oficinas de representación en el exterior, entre las que destacan 21 de las referidas "embajadas" desde las que, “bajo el pretexto de contar con representación institucional de la región en otros países, están rompiendo de facto con el principio de unidad de acción en el exterior”.

Solo en 2023, recuerda este partido, la Generalitat de Cataluña ha comprometido hasta 27.958.351,63 euros para financiar el Gabinete y Secretaría General de Acción Exterior y Gobierno Abierto de Cataluña y hasta 100.089.260,00 euros para la Secretaría de Acción Exterior del Gobierno.

Estas instituciones “no hacen sino servir a una pretendida internacionalización del proceso separatista, haciendo uso del dinero de todos los españoles para actuar en contra de los intereses de estos últimos”. Además, las administraciones regionales también han destinado fondos públicos a la concesión de subvenciones a entidades impulsoras del separatismo.

Por ejemplo, según la organización Plataforma por la lengua, ésta recibió una subvención de 135.000 euros en 2020 por parte de la Generalitat de Cataluña. Asimismo, otro de los ámbitos en el que se pone de manifiesto “la deslealtad de los ejecutivos regionales separatistas hacia el resto de España es el educativo”.

Por todo ello, el partido de Santiago Abascal apuesta por promover una asignación de los recursos públicos que fomente la unidad nacional y la convivencia pacífica entre los españoles, así como establecer mecanismos de control y transparencia para garantizar la eficiencia del gasto público.