Con este objetivo, realizaron entrevistas grabadas a diferentes usuarios en estaciones de tren y Metro, paradas de autobús y otras localizaciones, sobre sus hábitos y necesidades de movilidad.

Al mismo tiempo, cientos de personas contestaron una encuesta proporcionada por el voluntariado de Greenpeace alrededor de la percepción social sobre la implantación de un abono único de transporte en toda España.

Las ayudas del Gobierno al transporte público, implantadas coyunturalmente a causa de la crisis generada por la guerra en Ucrania, caducan el próximo mes de diciembre. Greenpeace ha propuesto que se vuelvan permanentes, pero además reclama un abono único para todos los transportes públicos del Estado, denominado T-Lleva y que tendría un coste de un euro al día (30 euros al mes).

La medida, que ya funciona con éxito en países como Austria y Alemania y que ya han anunciado otros como Francia, pretende generar un cambio modal que traslade cientos de miles de usuarios y usuarias de los vehículos privados al transporte público. De esta forma, se pretende reducir de forma drástica las emisiones de gases con efecto invernadero –de ahí que en varios países europeos se denominen “billetes climáticos”– y generar, al mismo tiempo, enormes beneficios sociales.

La recogida de firmas a favor de esta propuesta ha logrado la adhesión de 20.000 personas en lo que va de semana.