Los vocales firmantes de a petición son Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona, todos ellos nombrados a propuesta del Partido Popular.

El CGPJ tiene caducado su mandato desde hace casi cinco años, es decir, prácticamente ha doblado el plazo para el que se elige por la negativa del PP de suscribir un acuerdo de renovación que supondría la pérdida de la mayoría en el Consejo de los conservadores.

La intención de este grupo de vocales es que el CGPJ apruebe una declaración en la que “el Consejo General del Poder Judicial expresa su intensa preocupación y desolación por lo que esa medida supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España, que a partir del momento en el que se adopte pasará a ser una mera proclama formal que inevitablemente tendrá que producir consecuencias en perjuicio del interés real de España”.

Además, el texto indica que el Consejo “ha venido observando con creciente preocupación las declaraciones de miembros de algunos partidos políticos minoritarios, algunos de ellos con responsabilidades de gobierno, sobre la eventual amnistía de los delitos cometidos con ocasión de los episodios acaecidos el 1 de octubre de 2017, así como los también cometidos con anterioridad para su preparación, incluidos delitos de corrupción, y los que también se cometieron con posterioridad para oponerse a la acción legítima del Estado para llevar a sus autores ante la justicia y restablecer el orden público y constitucional alterado”.