Así lo han señalado a Servimedia fuentes de la Asociación de Promotores Constructores de Edificios (APCE), para quienes el sistema diseñado por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, que encabeza Cristina Narbona, "es demasiado ambicioso".

El motivo de la discordia es la obligación legal que se va introducir para constructores, promotores y contratistas, de suscribir plizas de seguro o avales que cubran el valor de la edificación frente a posibles defectos que afecten a las estructuras y cubiertas del inmueble.

Para los promotores, no hay una experiencia suficiente en el mercado de seguros que permita a las compañías asumir estos riesgos en sus pólizas, por lo que su coste será muy elevado y afectará necesariamente al precio final de la vivienda, elevándolo entre un 2 y un 6%.

Sin embargo, portavoces de la patronal de seguros Unespa han señalado a esta agenciaque no existe ese problema, y que tal y como está planteado el borrador al que han tenido acceso es posible asumir esos riesgos por las compañías, siempre que no haya que llegar a coberturas como el terminado de las viviendas (puertas, pinturas, tuberías, sistema eléctrico, etc), que podría provocar una avalancha de siniestralidad.

El plazo que probablemente tendrán estas polizas, a suscribir por todos los agentes implicados en la edificación, será de 10 años, y una vez expirado, sus titulares quedarín exonerados de la responsabilidad.

Otra novedad significativa del borrador es que incluye al usuario de la vivienda como uno de los responsables de la edificación. El texto obligará a los promotores a comercializar los inmuebles o viviendas con un catálogo completo de materiales y usos adecuados, de manera que quienes los difruten no puedan alegar desconocimiento de la situación en caso de un deterioro del edificio que pueda dar lugar a accidentes.

VPO CON ENERGIAS RENOVABLES

Los responsables e Vivienda han aprovechado este proyecto, que había quedado paralizado por las últimas elecciones generales, y han introducido medidas que no figuraban en el borrador antiguo, como la obligación que tendrán las futuras Viviendas de Protección Oficial (VPO) de llevar incorporados sistemas de energías renovables.

Esta medida es consecuencia de las conversaciones mantenidas entre el MOPTMA y el Ministerio de Industria y Energía, cuyo Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético (IDAE) ha elaborao un catálogo de medidas que podrían incorporarse con carácter obligatorio a a las VPO.

Según fuentes de Industria consultadas por Servimedia, al final se ha optado por las medidas de ahorro energético y uso de fuentes alternativas de más fácil incorporación, como los aislantes, las tomas de luz para lámparas de bajo consumo y la instalación de placas solares con fines térmicos.