La fiscal, Rita Berdonces, mantuvo la petición de seis meses de arresto y justificó la solicitud de la condena en base a que "la función del fiscal es hacer cumplir las leye".

El abogado defensor, Alberto Mateo, reclamó del juez la absolución y el atenuante analógica de estado de necesidad. Explicó que Romero abandonó la prestación cuando se hizo pública la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba el reglamento y significó que se creó, entonces, un vacío legal y una "clara inseguridad jurídica".

Como testigos declararon, el director de ANDE, Andrés Soto, y cinco autoinculpados, entre los que se encontraban lossecretarios de Acción Sindical y de Organización de COO de Soria, el presidente provincial de la organización agraria COAG, y el presidente de la Juventud.

También lo hizo el párroco de la comarca soriana de Tierras Altas en representación de ocho curas de la zona.

El abogado defensor criticó la petición fiscal acusando a ésta de ser "excesivamente legalista".

El letrado aportó unas declaraciones del director general de la Prestación Social realizada a los pocos días de conocerse la sentencia que anulaba el reglamento, donde ponía de manifiest el vacío legal existente y el hecho de que no estaba dispuesto a admitir más declaraciones de objetores mientras que no se aclarara la situación.

Los testigos, todos ellos autoinculpados, expusieron la aceptación social que tiene la actuación del insumiso.

Luis Alberto Romero tuvo la última palabra antes de que el juez declarara el juicio visto para sentencia. El insumiso afirmó que cuando una ley es injusta hay que desobedecerla.

La sala del juzgado de lo Penal de Soria estuvo abarrotada d público que previamente se había concentrado en la puerta del Palacio de Justicia.