Los colectivos que realizaron hoy esta petición difundieron un comunicado, que han suscrito la AVT, Covite, el Foro Ermua, la Fundación Miguel Ángel Blanco, la Fundación Gregorio Ordóñez y Dignidad y Justicia.

El comunicado fue leído en una comparencia de prensa en la que estuvieron presentes Ángeles Pedraza y Manuela Lancharro, de la AVT; Cristina Cuesta, presidenta de Covite; Inma Castilla de Cortázar, vicepresidenta del Foro Ermua, y Fernando García Capelo, abogado de esta asociación; Ana Iríbar, presidenta de la Fundación Gregorio Ordóñez; Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, y Carmen Ladrón de Guevara, responsable de las juventudes del Foro Ermua.

En el manifiesto suscrito por estas asociaciones se afirma que la disolución de los citados ayuntamientos es una medida "elemental" que debe adoptarse "sin más dilaciones y sin entrar en cálculos electorales o intereses partidistas".

"A las asociaciones firmantes", se añade, "no nos valen las excusas. Se intenta engañar a la población defendiendo la imposibilidad de proceder a la disolución de los ayuntamientos de ANV con argumentos falsos y pseudo-jurídicos. La disolución ampara la disolución, la lucha antiterrorista la necesita y la dignidad de las víctimas del terrorismo y del Estado de derecho la exigen".

"APOLOGÍA PERMANENTE"

Los firmantes aseguran que si la disolución de los consistorios de ANV "no se lleva a cabo, no es porque la ley no lo permita, sino porque no hay voluntad de aplicar la ley".

En este sentido, añaden que la formación ilegalizada está cometiendo acciones por las que podría aplicarse la Ley de Bases de Régimen Local para disolver los ayuntamientos gobernados por la formación abertzale radical.

Entre las acciones que deberían llevar a la disolución están que ANV no condene los atentados de ETA, que cree comisiones de apoyo a los presos de la banda terrorista o que haga "apología permanente" del terrorismo al no borrar las pintadas a favor de la organización criminal.

Cristina Cuesta, presidenta de Covite, aseguró que su colectivo tiene una visión "positiva general" del nuevo giro de la política antiterrorista, pero considera que debe liberarse a una serie de ciudadanos vascos del "yugo opresor" de ETA ejercido a través de ANV.

A su vez, Daniel Portero, de Dignidad y Justicia, dijo que las asociaciones que apoyan el manifiesto prefieren no especular sobre por qué el Gobierno no disuelve los ayuntamientos de ANV, sino que valoran el "hecho" de que esto no se produzca.