Las compañías ferroviarias de Francia, Italia, Marruecos, Porugal y España han denunciado su participación en Inter-Rail a partir de enero de 1993, porque los actuales criterios de distribución de los ingresos perjudican claramente a los países meridionales de Europa, que son los que soportan el mayor volumen de pasajeros con tarjeta.

Ese sistema permite, por 32.700 pesetas, viajar durante un mes por los 27 países que integran el convenio, un total de 265.000 kilómetros de vías férreas. Pero el desequilibrio consiste en que, mientras España vende a nuestros jóvnes unas 15.000 tarjetas al año, recibe en cambio 90.000 visitantes extranjeros.

Por eso, los cinco estados mencionados denunciaron el convenio, pero no para eliminarlo, sino para modificar sus condiciones, según explicaron fuentes de Renfe.

CCOO se manifestó en el mismo sentido, al abogar "por la necesaria revisión de los criterios de distribución de los ingresos del sistema Inter-Rail".

"Es necesario", según el sindicato, "buscar soluciones comunitarias de programas financieros que permita no solamente proteger sino desarrollar el ferrocarril como medio internacional de transporte; dedicado al apoyo fundamental de la integración europea, así como al uso del tren en función de la seguridad, protección al medio ambiente y ahorro de energía".