Tras una tensa tarde en la que no faltaron manifestaciones contradictorias entre responsables municipales y de la delegación de Sanidad de la Xunta para solucionar el problema de las 40 familias, éstas han decidido pasar la noche en la calle.

Pese a que a media tarde el caso parecía haber entrado en vías de solución al aceptar los afectados la ofertas de la concejala de Servicios Sociales, Marian Ferreiro, de alojarse en el colegio Santiago Apostol, una llamada de última hora efectuada desde la delegción de la Consejería de Familia, negando el permiso de traslado, dió al traste con las esperanzas generadas.

A las ocho de la tarde quedó abierta una nueva vía de solución, al recibir los afectados una llamada de su abogada notificándoles la disposición del delegado provincial de la Consejería de Familia a reunirse con ellos, una reunión que se frustró cuando la comisión de afectados desplazada a las oficinas de la Xunta se encontró las instalaciones cerradas.

La propuesta de que los vecinos aceten regresar a O Portiño genera posiciones encontradas entre los afectados, partidarios unos de "permanecer aquí hasta la muerte", o "regresar a los hogares, en vista de que la situación ha llegado al extremo y antes de que estalle la violencia", como declaró a Servimedia el pastor evangelista de sesenta de los afectados, Diego Santiago.

De momento, el ayuntamiento ha permitido a los afectados el acceso ordenado y bajo vigilancia policial al interior de Riazor, para que recojan sus enseres de primera ecesidad.