En respuesta al coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, que en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados le preguntó qué piensa hacer tras las quejas de organizaciones de víctimas del franquismo por un proyecto "decepcionante", Fernández de la Vega dijo que las asociaciones discrepantes "no son la mayoría".

Recalcó que el Ejecutivo se ha reunido "prácticamente con todas" las organizaciones por la recuperación de la memoria histórica, y ha analizado "más de 14.000 escritos de ciudadanos", y aunque algunas asociaciones defienden la retirada del proyecto, no son, "ni mucho menos, todas".

Fernández de la Vega recalcó que el proyecto de ley aprobado por el Gobierno comienza su tramitación en el Congreso de los Diputados, y serán los grupos los que, a partir de este momento, tomen las decisiones que consideren oportunas.

Llamazares replicó que son un centenar las organizaciones que, incluída Amnistía Internacional, consideran que "el proyecto es insatisfactorio, porque no aborsa la anulación de los juicios injustos, los juicios sumarísimos" dictados durante el franquismo.

Recordó que en 2003, el entonces portavoz del Grupo Socialista y hoy ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, presentó en el Congreso una iniciativa en la que pedía al Gobierno del PP la anulación de las sentencias dictadas con arreglo a normas "ilegales" por parte de tribunales y aparatos judiciales "ilegítimos".

El PSOE apelaba entonces a que la democracia tenía "una obligación, no sólo moral, sino también jurídico política" en este terreno, "una obligación jurídico política que en su ley no aparece", espetó Llamazares a la vicepresidenta.

"NO SE CENTRAN, ESTÁN DESCENTRADOS"

"¿Qué les está pasando?, ¿tanto cambia el Gobierno?, ¿la memoria es tan frágil que al cabo de tres años se pierde?", preguntó el líder de IU. "Esto no es centrarse, es que en esta materia están descentrados".

Denunció que plantear, como hace el proyecto del Gobierno, que "una parte de la información les va a ser hurtada a las víctimas por salvaguardar la identidad de quienes vulneraron los derechos humanos sí es una ley de punto final".

La vicepresidenta primera subrayó que los informes y el proyecto elaborados por el Gobierno "obedecen a mandatos parlamentarios para resolver, en el espíritu de la conciliación, la concordia", las injusticias cometidas durante la guerra civil y la dictadura.

ESCUCHAR A TODOS

No se trata de "revisar la historia", prosiguió, sino completar "el trabajo intenso y constante que se hizo durante la transición y la democracia, concluir esa obra colectiva de reparación material y moral de las víctimas de la guerra civil y del franquismo".

Y esto se hará, apostilló, "escuchando a todos, hasta que consigamos reflejar el consenso mayoritario" para abrir un procedimiento de "reparación individual, moral y jurídica" para quienes sufrieron "expresiones de violencia por motivos políticos e ideológicos".

"Una ley respaldada por la mayoría será la mejor ley para cerrar un trágico capítulo de nuestra historia inacabada", concluyó la vicepresidenta primera del Gobierno.