Los convocantes censuran que más de 6.000 personas, el 40% de los cuales es menor de edad, padece esta situación desde hace casi dos años y acusan a Naturgy y a las autoridades madrileñas de pretender “expulsar a una población trabajadora autóctona e inmigrantes que lleva dos generaciones construyendo desde sus asociaciones su hogar, su barrio y su ciudad”.

A su vez, señalan que “los especuladores han llegado a las puertas de este barrio de la periferia madrileña y utilizan a sus políticos para coaccionar al vecindario, ciudadanos y ciudadanas con derechos y obligar a irse haciéndoles la vida imposible”.

Recuerdan que “desde hace más de 40 años los vecinos y vecinas se han dirigido respetuosamente a las distintas administraciones pidiendo la integración legal, social y urbanística en materia educativa, sanitaria, comunitaria y la provisión de servicios como luz, agua, saneamientos, viales, transporte público y correos”.

A pesar de ello, lamentan que “los sucesivos gobiernos han hecho oídos sordos a estas peticiones porque está condicionada por enormes poderes económicos especulativos”. También deploran el incumplimiento de las promesas que la movilización social de los vecinos les ha obligado a comprometerse.

Todo ello lo vinculan con la “arbitrariedad de los poderes públicos y su hasta ahora impunidad”, así como a “la inexistencia de una oposición democrática militante en términos de derechos humanos”.

Por todo ello, exigen “luz ya, contratos y mesa de seguimiento”, ya que “seguimos luchando". "Los inversores-especuladores-delincuentes no nos van a doblegar”, proclaman. Además, reclaman la colaboración de la sociedad civil para “difundir nuestras razones y parar los pies a la corrupción y la especulación”.