De Miguel, que inauguró junto al presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, Arturo Virosque, la jornada "Ser empresa solidaria: ventajas e incentivos legales. Buenas Prácticas en voluntariado corporativo", explicó que el Gobierno valenciano apoya, a través de diferentes medidas normativas, a aquellas empresas que emprenden acciones a favor del bienestar, la equidad social y el progreso común.

Asimismo, señaló que "ese apoyo se traduce en ahorro, inferiores costes y ventajas competitivas para las empresas, pero sobre todo en la constancia de saber y la satisfacción de hacer las cosas bien al poner en el centro de la actividad empresarial a las personas".

La consejera indicó que esta guía se dirige a las empresas que quieren contribuir al bienestar de la sociedad en la que operan y recordó que la implicación de la empresa con el desarrollo social "es un compromiso voluntario que se materializa mediante la puesta en marcha de buenas prácticas y que contribuye a la promoción e integración de las personas que lo tienen más difícil y a la igualdad de oportunidades para todas las personas".

Los incentivos que se describen en la guía son mayoritariamente de cuatro tipos: gastos o costes que pueden ser deducidos a la hora de determinar la base imponible de determinados impuestos; bonificación o reducción en la cuantía a ingresar en determinados impuestos o en las cuotas a la seguridad social; apoyo económico mediante subvenciones de entidades públicas, y preferencias en la concesión de ayudas o en la contratación pública.

De Miguel explicó que la integración laboral de las personas en situación o riesgo de exclusión social es la práctica de RSE con mayores incentivos. Especial atención, dijo, requieren en este sentido las personas con discapacidad, las minorías étnicas, los inmigrantes, los residentes en barrios desfavorecidos, los ex reclusos y ex toxicómanos o las mujeres víctimas de violencia de género.

La guía explica también el apoyo legal a las empresas que ejercen la acción social a través de una entidad sin ánimo de lucro creada por la misma, así como otras medidas de apoyo a la RSE, como las ventajas en concursos y ayudas públicas.

Finalmente, De Miguel anunció que, antes de finalizar el año, su consejería, con la colaboración de las Cámaras de Comercio, presentará una herramienta de autodiagnóstico en RSE-acción social para las empresas.