En el marco de las IV Jornadas Estatales de la Plataforma en Defensa del Cupón de la ONCE, celebradas en Valencia, Martínez expresó su apoyo "total" para combatir el juego ilegal en su demarcación territorial.

Andrés Ramos, miembro de la citada Plataforma y secretario general de Unión Progresista, grupo de gobierno de la ONCE, destacó que el subdelegado del Gobierno se mostró "cercano" y ofreció su respaldo a las organizaciones sociales que conforman la plataforma.

El subdelegado anunció un encuentro que la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, mantendrá el lunes, 6 de octubre, con el Cermi Comunidad Valenciana. En esa reunión, según Ramos, "se volverá a retomar el tema y se expresará la preocupación del sector de la discapacidad por la proliferación de juegos ilegales".

En las jornadas celebradas hoy en Valencia, que contaron con integrantes de 19 organizaciones estatales de la discapacidad y de UGT y Comisiones Obreras, se ha analizado la situación del acuerdo suscrito entre la ONCE y la Administración, y se ha manifestado la necesidad de regular los nuevos juegos que están proliferando a través de Internet, así como los múltiples sorteos que aparecen en espacios televisivos y radiofónicos.

El sector de la discapacidad considera necesaria una revisión urgente del citado acuerdo, ya que los juegos ilegales y los aparecidos en los medios electrónicos no regulados por la Administración alcanzarán este año una facturación conjunta superior a los 1.000 millones de euros.

Esto perjudica las ventas de la ONCE, lo que significa que las asociaciones de la discapacidad disponen de menos recursos económicos para la realización de sus programas sociales. El 3% de las ventas de los juegos de la ONCE están destinados a la financiación de esas organizaciones.

Los integrantes de la Plataforma, entre los que se encuentran UGT, Comisiones Obreras, la Confederación de la Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos de España (Cocemfe), la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) y la Confederación Española de Federaciones y Asociaciones Pro-personas Deficientes Mentales (Feaps), han mostrado su preocupación ante la falta de revisión del acuerdo suscrito entre la ONCE y el Gobierno.

Ese acuerdo contemplaba que, en el año 2008, se procedería a una revisión para mejorar los niveles de competitividad en la venta de juegos de la ONCE.

La Plataforma, creada en 1997, tiene como objetivo la protección de los juegos de la ONCE, como instrumento para garantizar los servicios sociales que presta la Organización a sus 67.000 afiliados y a los más de cuatro millones de personas con discapacidad a nivel nacional a través de su Fundación, así como asegurar el mantenimiento de los más de 117.000 puestos de trabajo directos e indirectos que dependen de la ONCE.