Tras indicar que el Gobierno ha incrementado en 150.000 el número de plazas en estas actividades de ocio para personas mayores, agregó que duplicar el número de beneficiarios "supone pasar de poco más de 700.000 a 1,5 millones de ciudadanos que podrán beneficiarse de este programa de vacaciones, que tiene un objetivo social y además un gran impacto sobre la economía y en la creación de empleo en zonas turísticas"

La secretaria de Estado se refirió también al proyecto del Gobierno central "para la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia", y señaló que "el fenómeno del envejecimiento tiene repercusiones evidentes en el desarrollo económico y sobre todo en las políticas de salud y protección social y en los servicios sociales".

Tras asegurar que la atención a las personas dependientes es la "prioridad política" de su Gobierno, destacó que "tenemos que conseguir que se sientan útiles y preservar su autonomía personal, no sólo económica".

Además de recordar la mejora de las pensiones mínimas, dijo que también es preciso preservar la "autonomía jurídica". "Estamos trabajando en una legislación, que será muy protectora, de los derechos de las personas mayores", manifestó.

A este respecto, indicó que la normativa reconocerá el "derecho (de los mayores) a su patrimonio" y incluirá medidas "para erradicar cualquier práctica que suponga violencia o maltrato".

COMBATIR LA SOLEDAD

Valcarce afirmó que la intención de su departamento es"conseguir el mayor apoyo social para combatir la soledad" de estas personas e "incorporar medidas que preparen a las personas mayores de 65 años para el envejecimiento, lo que llamamos el 'envejecimiento activo', que supone medidas preventivas en salud, ocio y cultura".

Explicó que la futura ley de autonomía personal supondrá la puesta en marcha de un sistema público de atención a la dependencia, con medidas dirigidas a las personas mayores y a las afectadas por alguna discapacidad. Según Valcarce, en Españahay 1,6 millones de hogares donde se cuida a una persona mayor, y unos 200.000 en los que se cuida a algún discapacitado con necesidad de atención.

Además, destacó el hecho de que el 83% de los cuidadores son mujeres mayores de 53 años, que las tres cuartas partes de estas personas no tienen otra actividad laboral y que el 70% son hijas de las personas dependientes.

La secretaria de Estado confió en que el proyecto de ley que prepara el Gobierno cuente con "el mayor consenso posible" y defendió el modelo nórdico, que "es capaz de conciliar las altas prestaciones sociales con el crecimiento económico".

"Pretendemos que el Sistema Nacional de Atención a la Dependencia sea de las mismas características que el educativo, de salud o pensiones. Debe garantizar, sobre todo, la ayuda a domicilio, el servicio de teleasistencia, centros de día, ayudas técnicas y una plaza residencial si la persona lo necesita", manifestó.

Con respecto a la financiación de este nuevo servicio público, comentó que la prestación garantizada no será cubierta en su totalidad con aportaciones de las administraciones, ya que "los beneficiarios contribuirán económicamente en función de la renta disponible", si bien aseguró que "nadie en situación de precariedad económica quedará fuera de la protección social por dependencia".