Agregó que del acuerdo al que lleguen ambas partes se desglosarán "la configuración de los derechos, el catálogo de servicios y la financiación de los servicios" para el conjunto de las personas dependientes.

Según Valcarce, este acercamiento de posiciones favorece la intención del Ejecutivo de lograr un consenso previo con los agentes sociales para elaborar un borrador de la Ley de Dependencia antes de que finalice 2005.

Igualmente, destacó la importancia de que, una vez creada la ley marco, se desarrolle un proceso de diálogo con las comunidades autónomas, ya que son éstas las que tienen mayores recursos y competencias, y con los ayuntamientos, que son la administración más cercana a las personas dependientes.

Según Valcarce, la puesta en marcha de este plan de dependencia es un objetivo que "nos afecta a todos" y que debe desarrollarse lo antes posible, teniendo en cuenta que el 76% de los españoles "cree que es una prioridad crear un buen sistema de atención a la dependencia".

En el plano económico, indicó que el Ejecutivo busca un plan de actuación "económicamente viable", que ayudará a dinamizar la economía y a generar cerca de 300.000 puestos de trabajo durante las próximas dos legislaturas.

La secretaria de Estado apuntó que en la futura Ley de Dependencia la situación de las personas dependientes se definirá mediante un baremo que establecerá distintos niveles de atención.

Atendiendo a esta cuestión, la financiación de las ayudas a estas personas "no será integramente pública", sino que se tendrá en cuenta la renta del beneficiario para determinar en qué proporción se financia la ayuda.