Esta medida forma parte del Programa Integral Coordinado de Vigilancia y Control de la Encefalopatía Espongiforme que hoy aprobó el Gobierno y que prevé destinar 53.680 millones de peetas en el primer semestre de 2001 para financiar los sistemas de detección de la enfermedad de las "vacas locas", el control de los piensos, la inspección de los establecimientos de transformación de los subproductos y animales muertos, así como el control de los materiales específicos de riesgo (MER), es decir, la destrucción de aquellas partes de los bovinos que pueden transmitir la enfermedad a los humanos.

El programa, que ha sido coordinado entre los ministerios de Agricultura, Sanidad y las comnidades autónomas, y que cuenta con fondos europeos, destinará 7.246 millones en 6 meses a la retirada de animales muertos en granjas. En el bovino, el programa de retirada se aplicará desde el 1 de enero y en ovinos, caprinos, cerdos y pollos muertos en granja, desde el 1 de marzo.

Arias Cañete señaló que anualmente se sacrifican en las explotaciones 184.000 vacas, un millón de ovejas, 116.000 cabras, 1,3 millones de cerdos y cerca de 34 millones de pollos.

Para la gestión de 1.700 millones de tneladas de subproductos cárnicos, que serán convertidas en harinas de carne y huesos para su posterior destrucción, el Gobierno destinará 11.262 millones en 6 meses.

Asimismo, el Gobierno comprará 25.000 toneladas de carne de vacuno para congelar hasta que tenga salida comercial, con un costo a cargo de la UE de 9.525 millones de pesetas, para comprar a los ganaderos; unos gastos de gestión, que paga también Bruselas, de 3.384 millones, y unos gastos de almacenamiento, por cuenta del Estado, de cerca e 3.100 millones.

El programa incluye 1.000 millones para información a los consumidores y promoción del consumo de carne, y 203 millones para la modernización y puesta al día del Laboratorio Nacional de Referencia de Zaragoza y del laboratorio de Algete (Madrid).

El titular de Agricultura informó también de que el Ministerio de Hacienda va a estudiar la puesta en marcha, durante los 6 meses de vigencia del plan, de una tasa para financiar todo el sistema de recogida de residuos cárnicos.