Esta es la solución a la que han llegado el Ministerio de Agricultura, los productores y los ganaderos, para paliar el coste de destrucción de las harinas, que el Gobierno dejó de pagar el 31 de diciembre pasado, según ha podido aber Servimedia en fuentes del sector.

El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), Fernando Moraleda, aseguró a esta agencia que se trata "llanamente de un impuesto, una tasa camuflada" y que, si bien soluciona en parte el problema de los ganaderos -que ahora debían pagar a los mataderos un importe por cada animal sacrificado-, "no nos parece la solución más idónea y no es la solución de UPA".

El borrador del Real Decreto, que ya ha sido consultado con Hacienda, modifica el istema de facturación de las industrias cárnicas y añade un nuevo concepto bajo el epígrafe de "costes totales de la gestión y eliminación de los subproductos generados", que debe ser de obligado cumplimiento por parte del sector.

Según el último borrador de Agricultura, al que tuvo acceso Servimedia, se trata de "identificar de manera clara la cuantía correspondiente a la gestión y eliminación de los subproductos que, hasta la fecha, se utilizaban para la fabricación de harinas animales".

REPERCUTI AL CONSUMIDOR

De esta manera, continúa el borrador, se desglosará "claramente" la parte que se corresponde con esta labor de destrucción de las harinas para "facilitar la repercusión al destinatario final de los productos cárnicos (el consumidor) los costes añadidos de la eliminación de subproductos generados a lo largo de la cadena alimentaria".

Esta idea coincide con las palabras del propio ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, quien ya anunció hace varias semanas que debería ser el conumidor el que pagara estos sobrecostes.

El Gobierno consigue así solucionar el gasto provocado por la destrucción de las harinas cárnicas y evita poner en marcha un nuevo impuesto o tasa, como se planteó al inicio de la crisis de las "vacas locas". Según las estimaciones del sector, el coste de destrucción de las harinas está en unos 168 millones de euros anuales (unos 28.000 millones de pesetas), que ahora pagarán todos los ciudadanos.

Sin embargo, esta medida no contenta totalmente a los ganadeos, que consideran que, dado que el asunto de las harinas cárnicas es un problema de "salud pública", según Moraleda, debería ser el Estado quien costeara este problema y no los ganaderos o, en su defecto, los consumidores.

Mientras, desde la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG) se asegura que el Gobierno se está "inhibiendo peligrosamente" en asuntos de su completa competencia, en referencia también a la salud de todos los ciudadanos.

Por el momento, el Gobierno aprobará elpróximo viernes esta modificación, que se aplicará a "las facturas que se libren en virtud del tráfico mercantil de productos cárnicos que se realice entre las industrias cárnicas y las empresas de distribución comercial o puntos de venta al público". Estos últimos repercutirán el aumento del coste en los consumidores.