Esta organización reivindica una moratoria en la ejecución de los planes urbanísticos mientras éstos no sean guiados por el interés general; transparencia en los datos relativos al derecho de acceso a la vivienda y que se combata la "depreciación" del espacio medioambiental y el tejido social de los espacios urbanos.

Además, reclaman a las administraciones la creación de un amplio parque público de vivienda en alquiler social que responda a las necesidades de la población excluida por el mercado, la despenalización de la reutilización de los espacios en desuso y medidas fiscales que penalicen la especulación inmobiliaria.

V de Vivienda se manifiesta en contra del "engaño electoralista perpetrado por los partidos políticos" que, aludiendo al derecho a la vivienda, "no hacen más que ayudar con financiación pública a los beneficiarios del boom inmobiliario, que han sido los responsables del problema".

A su juicio, algunos ejemplos de este engaño masivo son que se llame "renta básica de emancipación" a las ayudas de 210 euros, o que se denomine vivienda pública "tanto a stocks sobrantes que no puede vender el sector privado como a promociones futuras que no se destinarán a alquiler social sino a engrosar el libre mercado".