Estos colectivos se oponen a que fabricantes de soportes, equipos o gestores de redes de telecomunicaciones sean corresponsables de los contenidos que se almacenen o circulen por ellas.

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) es una de las claves para permitir el acceso a la cultura, a la calidad de vida y a configurar una economía competitiva en las sociedades modernas.

Según el manifiesto, "la tecnología digital permite la gestión directa de los derechos de propiedad intelectual y la existencia de sistemas de protección contra la realización de copias ilegales. La evolución del mundo analógico al digital permite, además, la gestión de los derechos de autor a través de métodos distintos al canon, como son los TPMs y DRMs (Technological Protection Measures y Digital Rights Management)".

"El canon no soluciona el problema de fondo y legitima la actividad ilegal de los contenidos y de los productos culturales. Así, la imposición de un canon en las líneas de banda ancha daría apariencia de legalidad a una actividad que ahora es etiquetada como ilegal", sostienen los firmantes.