La AUC señala en un comunicado que España es uno de los pocos países desarrollados que no cuenta con una legislación específica en esta materia.

De este modo, frente a lo que ocurre en Reino Unido, Francia, Grecia, Italia, Alemania o Austria, el Código PEGI de autorregulación creado por la industria del vídeojuego, que establece una clasificación por edades, se convierte en España en el único marco regulador existente, tanto para los videojuegos que se venden en soporte físico como para los que se descargan "on line".

Asimismo, un estudio de la Comisión señala que en los países de referencia de la Unión Europea (Francia, Reino Unido, Alemania) y en otros como Irlanda, Grecia o Italia está prevista la prohibición, o al menos la restricción de la venta, de algunos vídeojuegos.

En España, sin embargo, no se contemplan dichas restricciones en el caso de vídeojuegos violentos, xenófobos o racistas, más allá de lo señalado por el Código Penal, y tampoco se establecen cautelas legales para impedir la compra de vídeojuegos para adultos por parte de los menores, según la AUC.