El sindicato expresó su satisfacción tras la publicación de una sentenia de un juzgado de Madrid que absuelve a siete funcionarios de la prisión de Carabanchel, acusados de haber tomado represalias violentas contra los internos del centro durante los motines que se produjeron en 1989.

La Coordinadora de Barrios interpuso una querella en nombre de los reclusos en la que denunciaba que los funcionarios les provocaron, propinándoles múltiples palizas, que causaron lesiones graves a algunos de los presos, además de rescindirles las comunicaciones, insultarles e incurrir en graves negligencias" en el desempeño de su servicio.

Según USO, las acusaciones contra funcionarios "se utilizan como arma arrojadiza para justificar las actuaciones violentas de algunos internos".

El sindicato subrayó que estas supuestas maniobras proceden muchas veces, como en el caso de Carabanchel, de grupos de la Coordinadora de Barrios "que teóricamente colaboran en la reeducación de los reclusos".

Además, señaló que no cuestionan tanto los daños sufridos por los procesados, en su imagn y carrera profesional, como por la tensión acumulada y los perjuicios a la imagen de la institución, "difíciles de resarcir".

La central sindical remarcó de forma especial las imputaciones públicas efectuadas por Enrique Castro a través de los medios de comunicación, recriminando a los funcionarios "unos hechos que posteriormente se ha demostrado que eran falsos".

USO concluye manifestando su temor por que la Asociación Contra la Tortura, que ayer presentó su informe anual sobre malos tratos y orturas, "haya incluido en su memoria denuncias falsas como las ahora evidenciadas".