Los cerca de 70 miembros de CDC que participaron en esta jornada coincidieron en afirmar que dentro del ámbito jurídico, la lengua catalana se encuentra, además, en una situación de aislamiento desde hace muchos años.

A su juicio, la marginación e infravaloración del catalán se refleja no sóloen la ejecución de algunos actos jurídicos sino también en los estudios de Derecho de la Universidad.

Con el fín de solucionar la situación del catalán en el ámbito jurídico, los representantes de CDC acordaron impulsar y potenciar, desde la propia actividad profesional, el uso del catalán como regla general en todos los actos jurídicos, sin que esto signifique ningún perjuicio del castellano dentro de los baremos que se establecen en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomia.

La jorada fue clausurada por el consejero de Justicia de la Generalitat, Antoni Isaac, quien se manifestó satisfecho por el acuerdo adoptado ayer por CiU y los socialistas catalanes, en el que se pretende impulsar la normalización del uso del catalán en la administración jurídica.

Isaac afirmó que este acuerdo "refuerza toda la línea política, no únicamente de la Generalitat, sino también del departamento de Justicia para seguir actuando y exigiendo la sensibilización individualizada para que la normalizacin y utilización del catalán ante los órganos políticos y jurídicos sea autenticamente una realidad".

El presidente sectorial de Justicia de CDC, Francesc Caminal, también manifestó su preocupación por la escasa presencia del catalán en el ámbito jurídico. Según Caminal, el uso del catalán en la justicia comienza por la concienciación de los propios profesionales.

Afirmó que "no podemos estar más tiempo analizando el problema, hemos de tomar un compromiso convencidos que la norma general ha de serel uso de la lengua catalana".

En su opinión, el uso del catalán en la justicia es actualmente testimonial por lo que pidió una participación más elevada de la administración catalana en el sistema judicial para evitar, también, la contradición de tener el poder ejecutivo y legislativo y no poder intervenir en el judicial.