Según estimaciones de UPTA, el dinero negro que generan estas plataformas de venta de segunda mano ronda los 1.000 millones de euros. “Se aprovechan de la falta de legislación y de límites a estas actividades comerciales lucrativas, y no respetan los principios básicos de la legislación tributaria y comercial española”, señala UPTA.

Esta entidad añade que en algunos casos, además, son empresas alojadas en paraísos fiscales, por lo que todo el tráfico económico generado no tributa en España, “aunque aquellas que tienen su domicilio fiscal en España tampoco efectúan ningún tipo de liquidación de las operaciones económicas que se producen entre vendedor y comprador”.

“En los casos en los que las operaciones de compraventa no se desarrollan por el aplicativo, se produce la operación sin control alguno, lo cual genera un autentico mercado negro comercial, con operaciones al contado y sin control tributario fiscal”, advierte UPTA.

A su juicio, esta situación arrincona a la mayoría de los pequeños comercios, que ven cómo cada día se reduce la facturación y los beneficios de una actividad perfectamente reglada en todos los aspectos.

UPTA anuncia que comenzará una ronda de contactos con los distintos ministerios implicados, con responsabilidad en el ordenamiento fiscal, comercial y consumo, con el fin de promover una legislación que termine con la “impunidad” en la que operan este tipo de negocios.

Para el presidente de UPTA, Eduardo Abad, “es inconcebible que dejemos morir al pequeño comercio español por no poner los necesarios mecanismos de control de este tipo de competencia absolutamente desleal”.

“Lo único que se está generando con estas plataformas es un auténtico mercado de dinero negro incontrolado, que no beneficia a nadie. No son plataformas de economía circular, son auténticos focos de defraudación fiscal”, afirma Abad.

UPTA dice que los autónomos están “cansados de ser los pagafantas de esta supuesta digitalización, estos fondos de inversión, propietarios de estas plataformas, son voraces empresas que no ofrecen valor añadido al mercado de trabajo ni a la economía en general. Los ministerios de Industria y Economía deben actuar de forma urgente en este asunto, de lo contrario la destrucción del tejido comercial español será imparable”.