En la comercialización de estas patatas también se estarían presuntamente empleando nombres de variedades de patata que no se corresponden con la realidad, según informa la organización agraria en un comunicado.

UPA dice que ya ha advertido de este fraude en ocasiones anteriores a las Administraciones, pero sin éxito. “Repiten una y otra vez prácticas de este tipo porque les resulta muy barato saltarse la norma al respecto”, se queja la asociación de agricultores.

UPA, a través de su alianza con COAG en Castilla y León, ha exigido a la Dirección General de Consumo de la Junta de Castilla y León, así como a la Agencia de Control Alimentario (AICA) y al Ministerio de Consumo que actúen de forma inmediata y lleven a cabo las acciones pertinentes para abrir expedientes y sancionar “contundentemente” a las dos cadenas.

“De lo contrario, entenderemos que tanto el Gobierno central como el Gobierno regional, haciendo dejación de funciones, amparan a la distribución en contra de los intereses de los agricultores y consumidores”, subraya la nota.

UPA lamenta que mientras esta situación de presunto fraude se produce una vez más, los cultivadores de patata viven una situación delicada, con precios que en muchos casos son sensiblemente inferiores a los costes de producción, y que en determinadas campañas han tenido que dejarlas en las tierras por no cubrir ni los costes de producción.

UPA explica que es habitual que la patata vieja francesa inunde cada año el mercado español, y que una parte del sector de la distribución la comercialice como “patata nueva” y en determinadas fechas como “patata lavada”, "confundiendo a los consumidores en los lineales de una manera impúdica", ya que "en realidad se trata de patatas más económicas pero con una peor calidad nutricional y organoléptica".