El principal cambio afecta al punto más controvertido del texto, que hace referencia a los órganos de gobierno. Los rectores habían hecho de este capítulo su "caballo de batalla" contra el anteproyecto, ya que se quejaban de que la entrada de miembros del Consejo Social en el Consejo de Gobierno, tal y como quería el Ejecutivo, atenta contr la autonomía universitaria.

Hoy, la ministra llevó una alternativa consistente en que en el Consejo de Gobierno sólo habrá con carácter informativo, es decir, con voz y sin voto, tres miembros del Consejo Social, entre ellos su presidente. Recíprocamente, tres miembros del Consejo de Gobierno (entre ellos el rector) formarán parte del Consejo Social, también con voz pero sin voto.

A cambio de aceptar dejar fuera de hecho a los representantes de la sociedad del gobierno de las universidades, el ateproyecto definitivo refuerza las competencias del Consejo Social "para que pueda asumir la supervisión de todas las actividades de carácter económico de la Universidad y el rendimiento de sus servicios", según señaló Del Castillo.

En su intervención ante el pleno, la ministra mencionó entre esas funciones del consejo social la aprobación, supervisión del desarrollo y ejecución del presupuesto del presupuesto de la universidad, así como la de dar su conformidad a la propuesta del rector para el nombrmiento del gerente.

Otro cambio incorporado es que todos los miembros del Consejo Social serán ajenos a la propia universidad y nombrados conforme a lo que estableza la legislación de la comunidad autónoma, en contraste con el borrador de anteproyecto, que reservaba un 40 por ciento de los asientosde este órgano para la parte académica.

En posterior rueda de prensa, la titular de Educación se mostró convencida de que la fórmula primigenia de presencia de representantes sociales en el Consejo de Gbierno no atentaba contra la autonomía universitaria, pero afirmó que se ha cambiado "en aras de evitar que cualquier argumento" en ese sentido "pueda empañar los objetivos de la reforma", entre los que dijo que se encuentran conseguir una mayor imbricación entre la universidad y la sociedad.

HABILITACION DEFINITIVA

En cuanto a la selección del profesorado, el ministerio también ha introducido una modificación sustancial en el apartado de la prueba de habilitación estatal.

El borrador decía queesa habilitación tendría una vigencia de dos años, y una vez transcurrido ese periodo, el aspirante a una plaza tendría que volver a pasar un examen. Con el texto definitivo que irá al Consejo de Ministros, la habilitación será definitiva.

En cuanto a las universidades privadas, la nueva redacción establece la obligatoriedad de que el 25% de sus profesores estén habilitados por el sistema público.

El Gobierno también ha cambiado el capítulo de la evaluación de las universidades. Tal y como han peido algunas comunidades autónomas, la evaluación que desarrolle la nueva Agencia Estatal que se va a crear se hará sin detrimento de la que hagan las propias agencias autonómicas.

El anteproyecto presentado hoy por la ministra al pleno del Consejo de Universidades pasará ahora al Consejo de Estado como último trámite antes de que el Consejo de Ministros apruebe en julio el proyecto de ley. En septiembre, el texto comenzará su andadura parlamentaria.

En conjunto, la ministra dijo que no interpretalos cambios en el anteproyecto como una marcha atrás, sobre todo ante las presiones de los rectores. "En absoluto, se ha impulsado un debate y no era para no modificar nada, sobre todo si había aportaciones interesantes".