El gerente de la Unión Romaní, Juan Reyes, considera que la Declaración de Mérida supone una apuesta decisiva para lograr la consolidación de la cultura del pueblo gitano mediante la adopción de un Estatuto de Autonomía Cultural que permita a los gitanos españoles gestionar sus propios intereses culturales.

El estatuto deberá establecer las instituciones, competencias y recursos ecesarios para el cumplimiento de sus objetivos. Entre las competencias destaca la defensa del romanó-kaló como una de las lenguas del Estado, recogiéndose como un derecho su aprendizaje y utilización.

Otras cuestiones planteadas en el estatuto son la necesidad de equiparar la situación del pueblo gitano con los índices medios de la población española en educación, vivienda e igualdad en el acceso al mundo laboral.