Los representantes de los colegios profesionles se reunieron en la sede del Consejo General de la Abogacía para plantearse una postura a seguir ante el anuncio de que el Consejo de Ministros tenía ya sobre la mesa el estudio del polémico anteproyecto.

Según Pedrol, los profesionales se encuentran "sorprendidos", no sólo porque el Gobierno se disponga "a zanjar este tema cuando lo que llama a las puertas del país es un océano de problemas económicos muy importantes", sino también por el hecho de que los distintos consejos acaban de prsentar sus bservaciones a la ley "ya parecería que el Gobierno se ha limitado a cumplir con un trámite enojoso, pero sin el propósito de estudiar siquiera nuestras alegaciones".

Asimismo, recordó que en su estado actual, el anteproyecto no sería aceptado por el Congreso, ya que todos los grupos parlamentarios, excepto el PSOE, han mostrado su rechazo a la ley.

Antonio Pedrol criticó abiertamente el informe emitido sobre el anteproyecto por el Tribunal de Defensa de la Competencia, organismo dependiente del inisterio de Economía, que definió como "un informe hostilmente apasionado contra los colegios y los profesionales".

Para el presidente de la Unión Profesional y del Consejo General de la Abogacía, el informe es rechazable y contiene "acusaciones injuriosas e impropias de un tribunal", ya que llega a reprobar a los colegios que defraudan a la Hacienda Pública.

Pderol subrayó que el informe desconoce el respeto a las peculiaridades de los Colegios profesionales que definede el artículo 36 de la Costitución y que éste debe ser tenido en cuenta cuando se aplican a las profesiones tituladas el principio de la libre empresa.

Además, destacó que el Tribunal de Cuentas es "incapaz" de cuantificar el peso de sus honorarios en el PIB e ironizó acerca de su inclusión en el sector servicios: "qué representamos junto a grandes colectivos como el turismo, los transportes o los artistas?".

En lo que respecta al caso concreto de los colegios de abogados, Pedrol manifestó que la liberalización de precio y la supresión de las normas de carácter orientativo perjudicará a los ciudadanos, que carecerán de referencias externas que les ayuden a evitar abusos.

Como consecuencia inmediata, la abogacía se verá convertida "en un negocio en el que los abogados se verán abocados a trabajar bajo criterios economistas, para vender mucha mercancía a buen precio, con el consiguiente aumento de la litigiosidad, ya que su mercancía son los pleitos".

Pedrol concluyó apostando "por que este informe se aparte del pryecto y lo que se tenga que modificar se modifique; nosotros lo haremos intentando una postura conciliadora".