Así lo avanzaron a Servimedia fuentes del espacio confederal, que confía en mejorar en el trámite parlamentario la Ley de Vivienda que, tras más de un año de negociaciones, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, logró pactar con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ya cuando lo lideraba Raquel Sánchez y no su predecesor, José Luis Ábalos.

La norma se aprobó en Consejo de Ministros el pasado 1 de febrero, y el pasado jueves superó en el Congreso de los Diputados las seis enmiendas a la totalidad que presentaron el PP, Ciudadanos, PNV, PDeCat, JxCat y ERC. Esta última formación, que presentó una enmienda de sustitución, llegó en el último momento a un acuerdo con el Gobierno para no apoyar otras a la totalidad, lo que hubiera hecho decaer al texto.

Ahora, Unidas Podemos pretende mejorar el texto con enmiendas parciales. Las fuentes consultadas del espacio confederal precisaron que aún no se ha decidido si las presentará su propio grupo parlamentario o si se apoyarán las que registren en sintonía de contenido otras fuerzas progresistas partidarias de una ley más ambiciosa que la aprobada por el Consejo de Ministros, como ERC, EH Bildu, la CUP o Más País.

PRESIÓN INDIRECTA

Una de las mejoras o clarificaciones del texto supondría que los residentes en comunidades autónomas que no quisieran declarar zonas tensionadas donde fijar un precio máximo al alquiler, como la ley les faculta pero no obliga a hacer, tampoco podrían beneficiarse de las distintas ayudas y beneficios fiscales adicionales que contempla la norma, tanto para propietarios como para arrendadores. De esa forma, los propios habitantes de cada una de las comunidades presionarían a su gobierno autonómico a declarar dichas zonas tensionadas y por tanto a regular el precio del alquiler.

Entre los beneficios fiscales que podrían perder estos caseros, ya que se aplican también fuera de zonas tensionadas, destaca el 70% para los dueños de inmuebles que destinen su vivienda a alquiler social con un precio inferior al establecido en el programa de ayudas al alquiler del plan estatal de vivienda. Asimismo, perderían aquélla orientada a los propietarios que rehabiliten su vivienda, que podrán optar a una bonificación del 60%.

Además, para pequeños propietarios, la ley bonificará en un máximo del 90% la renta que ingresen los caseros en el IRPF, siempre y cuando bajen el precio del alquiler en un 5% en zonas “tensionadas” y bonificará con un 70% a aquellos propietarios que alquilen su vivienda por primera vez en una zona “tensionada” y la arrenden a inquilinos de entre 18 y 35 años.

Además de esta clarificación, otras enmiendas que Unidas Podemos ya ha anunciado que pretende introducir en el trámite parlamentario de la Ley de Vivienda es acortar la moratoria de 18 meses que el propio texto se concede para actualizar las bases de datos de precios antes de entrar en vigor; paralizar de forma permanente los desahucios hasta que se encuentre una solución habitual a los afectados y que los pisos de la Sareb, una vez nacionalizada la entidad, pasen a engrosar el parque público de viviendas. Las fuentes consultadas avanzaron que se anunciarán más en las próximas semanas.