Pilar Garrido, Roberto Uriarte y Juantxo López de Uralde reclaman a la Presidencia del Congreso y del Senado que se suspenda de manera inmediata dicha prestación económica mensual, por considerarlo un ataque contra la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo.

García Damborenea fue condenado por la Justicia a siete años de prisión por el secuestro de Segundo Marey, que se perpetró cuando él era diputado, pero fue indultado. Sigue recibiendo una “complementación de ingresos” por un importe mensual de 2.063,75 euros, según se refleja en la relación de “complementación de ingresos” que establece el Reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones económicas en favor de los exparlamentarios.

Garrido, Uriarte y Uralde han pedido a las respectivas presidencias de las cámaras que convoquen a la mayor brevedad las mesas conjuntas de ambas para suspender la prestación que recibe García Damborenea y que en su día acordaron dichas mesas.