Según Unidas Podemos, desde que Feijóo renunció como presidente el 30 de abril de 2022 y hasta que se nombra el nuevo Gobierno gallego el 14 de mayo, la Xunta otorgó decenas de adjudicaciones públicas; entre ellas, licitaciones para publicidad institucional que contravienen la normativa vigente desde la Ley autonómica de transparencia y buen gobierno de 2016, y concretamente su artículo 50 sobre la "Actuación del Gobierno de la Xunta en funciones".

Este punto establece que el presidente en funciones no podrá “adquirir compromisos de gasto que no tengan la consideración de gasto corriente” ni “adjudicar contratos que tengan vigencia plurianual y, en todo caso, aquellos cuya estimación económica supere la cuantía de 150.000 euros.”

Por el contrario, UP sostiene que la Xunta adjudicó 200.000 euros al grupo Vocento; 300.000 euros a Radio Popular S.A.; 200.000 euros al grupo Prisa; 300.000 euros a Audiovisual Española 2000 y 200.000 euros a Unidad Editorial, en convocatorias que no respetaron los requisitos de transparencia y equidad, puesto que han sido tramitados por el procedimiento negociado sin publicidad por exclusión, lo que también incumpliría la normativa actual.

El coordinadora autonómico de Podemos Galicia y diputado en el Congreso, Antón Gómez Reino, denunció que “Feijóo preparó su llegada a Madrid a costa del dinero de los gallegos y las gallegas”, algo que dijo que no le extraña porque " durante sus trece años de mandato regó con grandes cantidades de dinero los medios de comunicación con la excusa de promover la lengua gallega", pese a que los medios más financiados no publican apenas en ese idioma. “Han sido dedazos y esperamos que el informe del Tribunal de Cuentas aclare si Feijóo se ha saltado la ley para seguir maquillando su imagen de buen gestor”, aventuró Gómez-Reino.