Así lo aseveró en un comunicado en el que defendió la “necesidad” de contar con “un modelo de cooperación robusto que garantice que las necesidades de las poblaciones vulnerables se van a cubrir a corto, medio y largo plazo” y que, a su juicio, “se hace más patente aún” en un mundo “conmocionado” por los efectos de los terremotos sobre Siria y Turquía.

La organización participó “de forma activa” en el proceso de consulta y audiencia pública que se abrió antes de la tramitación de la ley en la Cámara Baja, aportando “propuestas” en torno a los derechos de la infancia y la adolescencia.

“Como resultado de este trabajo, así como el de otras organizaciones, el texto recoge importantes avances que valoramos positivamente”, abundó Unicef España, que puso como ejemplo el “reconocimiento explícito de los derechos y necesidades de las niñas y las adolescentes en todos los ámbitos”.

Para la entidad, la cooperación española “debe regirse por los cuatro principios rectores que recoge la Convención sobre los Derechos del Niño”, como son no discriminación, interés superior del niño, garantía de supervivencia y desarrollo y participación infantil.

“Pero, para respetar esos principios rectores y conseguir alcanzar los objetivos, la ley debe dotarse con los recursos necesarios para garantizar su correcta implementación”, sentenció, al tiempo que advirtió de que seguirá “trabajando para que así sea”.