Así lo exige en un argumentario en materia de inserción laboral de las personas con adicciones que ha elaborado para “reflejar la postura común” de sus entidades socias respecto a la incorporación de las personas con “problemas” de adicción al ámbito laboral, según precisó en un comunicado.

El documento, redactado desde su comisión de Incorporación sociolaboral, plantea cuestiones que la red juzga “centrales”, como la inclusión de una perspectiva de género interseccional, la visibilización de las dificultades en el acceso al empleo y a los recursos de atención por parte de estas personas y la necesidad de impulsar modelos organizativos “más flexibles, inclusivos y diversos” a partir del establecimiento de “sinergias colaborativas entre todas las partes implicadas en su inserción”.

De acuerdo con el texto, UNAD insiste en la inserción laboral como un “factor fundamental dentro de un sistema social en el que el trabajo remunerado es el eje principal para la subsistencia y el cuidado”.

En este contexto, la situación particular de las personas con adicciones lleva a la entidad a defender modelos asistenciales “de corte más social, que sitúen a las personas en un rol más activo y participativo" y a proponer “la integración social, la autonomía y el empoderamiento” del sujeto como “vías complementarias al tratamiento”.

MULTICAUSALIDAD DE LA VULNERABILIDAD

Frente a las “barreras” en el acceso a los recursos y “otros factores de exclusión que dificultan la permanencia en los empleos”, el argumentario incide en el abordaje de la brecha digital y de género mediante la inclusión de un enfoque que “analice y visibilice toda la multicausalidad que rodea a la vulnerabilidad social”.

“Solo con planes de acogida, escucha y acompañamiento específico podrían evitarse dinámicas negativas como las recaídas en el consumo y otras situaciones que amenazan la continuidad en el empleo”, sentenció.

Con el fin de “hacer realidad estos planteamientos”, UNAD coloca a las entidades y al resto de agentes sociales como “promotoras y garantes de derechos sociales básicos de la ciudadanía” al tiempo que concibe a las organizaciones empresariales como “un agente de cambio y transformación” que no solo genera beneficios para sí sino también para la sociedad en su conjunto.

“De la unión de ambas partes deben generarse las alianzas que persigan el interés social y común en línea con el cumplimiento de la Agenda 2030 y de algunas metas que recoge en materia de inclusión, como la igualdad de oportunidades o el aumento de competencias para acceder a un empleo”, sostiene el texto.