Así lo demandó el coordinador de su Comisión de Políticas Globales, Pedro Quesada, en un evento organizado con la colaboración del Gobierno, de Harm Reduction International y de International Drug Policy Consortium (IDPC) bajo el título ‘Drogas y Justicia Penal: la situación de las mujeres en prisión' y en el que la red dio a conocer la situación de las mujeres con adicciones en las prisiones españolas y encarceladas por delitos relacionados con las drogas desde un enfoque de derechos humanos.

A partir de las conclusiones del estudio ‘La situación de las personas con adicciones en las prisiones españolas. Una visión con perspectiva de género’, elaborado por UNAD, Quesada subrayó que la realidad penitenciaria española es “eminentemente masculina”, ya que las mujeres representan solo el 7% de la población reclusa, lo cual hace que la estructura, los servicios y la intervención en las cárceles esté “masculinizada” y ellas “no vean atendidas sus necesidades”.

En este sentido, el coordinador de la comisión de UNAD explicó que el perfil de la mujer en prisión con adicción, que consideró "invisibilizado", es el de una fémina con una edad media de 41 años, nacionalidad española (83% de los casos) y estudios primarios.

Una de cada seis no cuenta con un recurso habitacional donde ir cuando salga de prisión y una de cada tres tiene alguna enfermedad mental diagnosticada, un 12,3% tienen reconocida una discapacidad física y el 5% tiene certificada alguna discapacidad intelectual.

“En la mayoría de los casos cuentan con menores a su cargo y también tienen pareja, la cual se encuentra en prisión en el 71% de los casos”, abundó, para apuntar como “dato relevante” el hecho de que el 74,8% de las mujeres encuestadas ha sufrido alguna vez malos tratos físicos, el 80,6%, malos tratos psicológicos y más de un 45%, abusos o agresiones sexuales.

PLANES ESPECÍFICOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

En este contexto, Quesada hizo hincapié en la necesidad de poner en marcha “planes específicos que incorporen la perspectiva de género en sus intervenciones, incluidas las que se realizan en el campo de las adicciones, para que las mujeres dejen de sentirse discriminadas en un sistema diseñado para hombres”.

Junto a ello, urgió a crear “zonas específicas para mujeres” en las cárceles españolas y a “garantizar la existencia de centros penitenciarios para ellas en todas las provincias”, al tiempo que llamó a trabajar con cada mujer en su itinerario de inserción laboral “para que el acceso al mercado laboral sea igualitario”.

Por último, en las actuaciones dirigidas a su “preparación” para la vida en libertad y desde la protección, Quesada instó a abordar también las situaciones de violencia que han vivido estableciendo “protocolos de detección de casos y coordinación con las instituciones especializadas”.

En el evento también participaron Hélène Tirgroudja, integrante del Comité de Derechos Humanos de la ONU; la responsable de Investigación y Comunicación de IDPC, Marie Nougier; y la analista de Derechos Humanos en Harm Reduction International, Marcella Jofré, quienes compartieron una visión más global sobre la situación de las mujeres en prisión por delitos relacionados con las drogas, así como de las mujeres que consumen drogas en prisión.

UNAD organizó este acto gracias al reconocimiento de Estatus Consultivo que sustenta por parte del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas-Ecosoc, que permite también participar a la sociedad civil en la Comisión de Estupefacientes “de forma activa, proponiendo y formulando propuestas en favor de las personas con adicciones, sus familias y sus comunidades”.