La UNAD presentó hoy un estudio sobre la situación de los drogodependientes en las cárceles realizado a partir de entrevistas a 1.039 reclusos de diferentes prisiones españolas, especialistas y funcionarios.

El estudio, según subrayó el presidente de la UNAD, Luciano Poyato, pone de manifiesto que la cárcel no cumple la función reeducadora y de reinserción prevista en la Constitución.

"A este Gobierno le seguimos exigiendo una reforma del reglamento de Instituciones Penitenciarias, del Código Penal y, sobre todo, que la Ley Orgánica General Penitenciaria debe de cambiar porque se ha quedado desfasada", señaló Poyato.

"Cambiando la legislación y haciéndola cumplir", aseveró, "por lo menos algo más de dignidad habrá tanto fuera de las cárceles como en las posibles penas alternativas que puedan tener estas personas".

En su opinión, no se está haciendo un uso suficiente de las alternativas a las prisión de tipo terapéutico previstas en la legislación, "mucho más útiles en la recuperación de la persona con problemas de drogas".

Según denunció, el trabajo en el interior de las prisiones ha puesto de manifiesto la carencia de recursos asistenciales y la escasa intervención en drogodependencias que se está realizando.

Frente a esta realidad, desde UNAD reclaman una mayor flexibilización de la concesión del tercer grado. También permitir que los reclusos tengan las mismas posibilidades terapéuticas que las personas en libertad.

Asimismo, abogan por fomentar la aplicación de medidas alternativas a la prisión, como la suspensión de la condenaa quienes estén en tratamiento o aplicar propuestas como la mediación, la libertad vigilada o el mayor uso de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad. Otra propuesta aboga por proceder a la excarcelación de las personas enfermas graves con padecimientos incurables.

PERFIL DEL DROGADICTO RECLUSO

El estudio ha puesto de manifiesto el perfil del drogodependiente en prisión, que se corresponde con el de un varón, de 34 años, español, sin estudios y con antecedentes penales.

La mayoría pertenecen a una familia numerosa con muy baja formación y una situación económica media baja en la que, además, más de un componente tiene también problemas con las drogas.

Rspecto a su situación penal, la mayoría tiene antecedentes penales y cumplen una condena media de 4 años por delitos contra la propiedad. No suelen disfrutar de permisos y muchos de ellos han pasado por otros centros penitenciarios.

Preguntados por su opinión respecto a la asistencia letrada que reciben, el estudio destaca un alto grado de insatisfacción provocado por las escasas visitas que reciben del abogado de oficio, al que un 53,9% dice ver únicamente en el juicio. En este apartado, la UNAD propone al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que vele porque el abogado de oficio cumpla con su función.

El informe también confirma que el consumo de drogas en las cárceles sigue siendo habitual como también lo es que reciban algún tipo de tratamiento, principalmente con metadona.

Otro aspecto que preocupa a la UNAD en el interior de las cárceles es el tratamiento sanitario que reciben debido a que la mitad padece enfermedades asociadas al consumo de drogas, desde la hepatitis, los anticuerpos del VIH y la tuberculosis hasta llegar al desarrollo de la enfermedad del sida. "Hay que atajar el problema de enfermedades infectocontagiosas y poner en marcha ya los programas de reducción del daño", advirtió Poyato.

"O fomentamos la aplicación de medidas alternativas a la prisión o no se resolverá el problema de adicciones que hay ahora mismo en las cárceles", concluyó.