Así lo propuso en el marco de un encuentro en el que trasladó al titular del Interior sus principales planteamientos y propuestas de mejora en este ámbito con el objetivo de “cambiar la situación de las personas con adicciones en este sentido”, según precisó la red en un comunicado posterior a la reunión, en la que participaron el presidente de UNAD, Luciano Poyato; la vicepresidenta y experta en adicciones y justicia penal, Carmen Martínez Perza, así como el propio ministro y su directora de Gabinete, Susana Crisóstomo Sanz.

Durante el encuentro, Poyato detalló la actividad y la misión de UNAD, que pasa por ofrecer servicios de calidad, defender los derechos de las personas con adicciones y mejorar su vida y la de sus familias. Además, subrayó que una de las líneas de trabajo de la red es "acompañar y estar al lado" de las personas con adicciones que se encuentran en prisión y poner sobre la mesa la realidad que viven para “provocar cambios políticos y sociales que permitan avanzar como sociedad”.

En paralelo, mostró su “preocupación” por la “escasa” inversión que las comunidades autónomas realizan para atender a la población presa con algún tipo de adicción y expuso la necesidad de contar con una financiación “estable y duradera, que permita trabajar con garantías con estas personas”.

Por su parte, Martínez Perza expuso el posicionamiento de la entidad en materia de justicia penal y adicciones, al tiempo que defendió que las personas con adicciones que delinquen “no tienen que estar en prisión, sino recibir un tratamiento adecuado para su problemática" con el "convencimiento de que esto evitará futuras reincidencias delictivas”.

ALTERNATIVAS Y JUSTICIA RESTAURATIVA

En la misma línea, explicó la incidencia político-legislativa que UNAD viene realizando en materia de justicia penal, desde hace más de dos décadas, con el fin de “modernizar” el sistema de alternativas a la prisión e “introducir de pleno la justicia restaurativa, incluyendo a las personas drogodependientes”.

En el transcurso del encuentro, UNAD también aprovechó para presentar los principales datos del estudio ‘La situación de las personas con adicciones en el sistema penitenciario español. Una visión con perspectiva de género’, según el cual en las prisiones españolas están “sobrerrepresentados” los contextos de pobreza, las carencias educativas, la exclusión social, las violencias sufridas a lo largo de la vida y los problemas de salud mental en el caso de las personas con adicciones.

En este sentido, Martínez trasladó a Grande-Marlaska la necesidad de que las comunidades autónomas asuman las competencias en materia de sanidad penitenciaria, tal como dicta la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, aprobada en 2003.

En la cita, también se abordaron otras cuestiones como el porcentaje que la subvención del 0,7% de actividades de interés social destina a programas de atención a personas reclusas y exreclusas y se analizó la formación que actualmente imparte UNAD a las Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, especializadas en violencia de género y en el ámbito familiar, para prestar una “adecuada atención” a las mujeres víctimas de violencia que, además, tienen problemas de adicciones.

En este punto, UNAD agradeció el “compromiso” del Ministerio para poder llevar a cabo una formación que tiene “una gran demanda” e hizo hincapié en la necesidad de aumentar las acciones formativas realizadas con la Policía Nacional y extender la iniciativa a la Guardia Civil.