Así lo advirtió en un comunicado en el que anunció que ha enviado a los distintos grupos parlamentarios una carta para transmitir su “preocupación” por la situación de desamparo que, a su entender, “provoca, sobre ciertos grupos poblacionales en situación de exclusión”, en concreto, el cambio de condiciones de acceso al subsidio por desempleo y al Ingreso Mínimo Vital (IMV) producido por la aprobación del Real Decreto Ley 2/2024 el pasado mayo y por la tramitación actual del proyecto de ley para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo.

Para UNAD, el Real Decreto Ley 2/2024 supone eliminar el subsidio de desempleo para las personas excarceladas, menores de 16 años que salgan de un centro de internamiento y personas que, tras una suspensión de condena, hayan seguido un programa de deshabituación de drogodependencias durante más de seis meses.

A su vez, subrayó que la norma también “restringe” el acceso al IMV a estos dos últimos grupos y lo establece como el “único recurso posible para quien acabe de salir de prisión”.

Por estas razones, la red señaló el “perjuicio” y el “desamparo” que estos cambios legales generarán sobre personas que ya se encuentran en una posición “desfavorable” de cara a su reincorporación social y apeló a los distintos grupos parlamentarios para “evitar un escenario más grave”.

SUBSIDIO PARA PERSONAS EXCARCELADAS

Tras recordar que será el próximo 9 de septiembre cuando el Congreso de los Diputados cierre el plazo de presentación de enmiendas al respecto, explicó que, ante este proceso, la red de adicciones defiende la naturaleza actual del subsidio de desempleo para personas excarceladas con el fin de que pueda “responder a la especial situación de vulnerabilidad de esta población”.

La organización insistió en la necesidad de contar con un sistema “ágil” para su concesión, de manera que, quien abandone la prisión, “pueda avanzar en su reincorporación social al poder cubrir sus necesidades básicas”.

En el texto, UNAD alerta de que, si los cambios planteados llegan a “cristalizarse”, pueden dejar “en la más absoluta marginalidad” a personas que ya se encuentran “en una situación difícil”, de tal modo que “se les imposibilitaría normalizar la convivencia en sociedad”.

La red concluye su misiva evidenciando la “urgencia” de “dar marcha atrás” en la modificación del artículo 274 de la Ley General de la Seguridad Social o, “en su defecto”, de establecer los mecanismos “mínimos” para “no agravar la situación de marginalidad y vulnerabilidad de los grupos afectados”.