Así lo expresó la red en un comunicado emitido después de que PSOE, Unidas Podemos, PNV, ERC, Junts y EH Bildu aprobaran el martes en la Cámara Baja la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada en el año 2015, y que ya contó con el rechazo de UNAD por considerar que la norma suponía un “grave retroceso” a la hora de abordar los problemas de las personas con adicciones.

La nueva medida, que solo se aplicaría cuando estas prácticas no constituyesen un delito, implicaría la aplicación de actividades reeducativas, algo que la red lleva reclamando más de siete años, desde la entrada en vigor de esta norma, conocida como ‘mordaza’.

A este respecto, el presidente de UNAD, Luciano Poyato, valoró “positivamente” esta propuesta, ya que, a su juicio, supone un “avance” en la defensa de los derechos de las personas usuarias de drogas. En este sentido, recordó que la red ya solicitó en su día, tanto al Gobierno como a los distintos partidos políticos, la posibilidad de suspender la sanción a las personas con problemas de adicciones que aceptaran el recurso de los tratamientos, entendiendo que es una medida más “humana”, encaminada a la recuperación y a la resocialización.

Por su parte, la vicepresidenta de la red, Carmen Martínez, explicó que UNAD ya realizó una serie de propuestas a la ley en esta materia, entre las que se incluía, en primer lugar, que “de una vez por todas la tenencia de pequeñas cantidades de droga para consumo propio deje de perseguirse en España”.

A continuación, Martínez subrayó que, ya desde 2015, UNAD lleva proponiendo que, si no se acoge dicha propuesta, se sustituyan las multas por medidas de tipo educativo-preventivo “específicas”, como, por ejemplo, programas de tratamiento o de ocio saludable.

En este sentido, recordó que en febrero la red ya remitió a los grupos parlamentarios esa batería de propuestas, que “celebra” que se hayan “tenido en cuenta”.

Finalmente, UNAD insistió en la necesidad de “evitar las respuestas punitivas ante el uso de sustancias” y abogó por “incidir" en el factor social que, a su entender, "motiva" a este consumo y "evitar la estigmatización de este colectivo para poder trabajar desde la prevención y la educación y no tanto desde la sanción”.