Comas, que junto con la vocal María Ángeles García votaron en contra de la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria del CGPJ, revindicó en su escrito mayores sanciones para el juez que, debido a un error en la ejecución de una sentencia, dejó en libertad a Santiago del Valle, presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, a pesar de que sobre él pesaba una condena de más de dos años por abusos sexuales a una de sus hijas.

La vocal considera que la Comisión Disciplinaria debería haber devuelto las actuaciones al instructor de la causa -el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Wencelao Olea- para que éste formulara una nueva acusación calificando los hechos como una falta muy grave.

La calificación como falta muy grave, que es la misma que propuso la Fiscalía, prevé sanciones mucho más importantes, que pasan por el traslado forzoso del juez Tirado a otro juzgado e incluso su expulsión definitiva de la carrera judicial.

DOS AÑOS SIN EJECUTAR LA CONDENA

Comas subraya que el juez Tirado, después de decidir no suspender la ejecución de la condena impuesta a Del Valle, estuvo más dos años sin tomar ninguna decisión al respecto, y destaca que no ordenó su ingreso en prisión hasta que el Juzgado de Instrucción número 1 de Huelva le comunicó que se Del Valle se encontraba detenido, imputado por el asesinato de la niña Mari Luz.

El escrito reivindica que la responsabilidad de ejecutar lo juzgado y de controlar estos procesos ejecutorios es exclusiva del juez, por lo que entiende que Tirado no puede escudarse en "errores, pasividades y negligencias en cadena por parte del funcionario y secretario judicial" de su juzgado.

"En caso contrario, las decisiones judiciales no serían otra cosa que meras declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad alguna", señala Comas.

Por estas razones, considera que la actuación del juez Tirado constituye una "manifiesta e inexcusable falta de atención en el cumplimiento de cualquiera de los deberes inherentes al ejercicio de la función jurisdiccional" que debería calificarse como falta muy grave.

La vocal defiende por último que "la concepción constitucional de la exigencia de responsabilidad" al Poder Judicial "va íntimamente unida a la garantía del ciudadano frente a las disfunciones del poder judicial", algo que, a su entender, no se ha cumplido en el caso del juez Tirado.