Canet, que preside la Asociación para la Defensa de la Mujer Acosada (Apadema), declaró a Servimedia que también denunciará el caso ante el presidente del Comité Económico y Social de la UE.

Canet denunció en 1994 al presidente de la empresa en la que trabjaba por acoso sexual, ya que, según la versión de la demandante, después de que ella no accediese a sus "pretensiones libidinosas", optó por despedirla.

Una juez de lo Social de Madrid anuló en 1995 el despido y apreció indicios de que el empresario había "cometido el invocado acoso sexual". Sin embargo, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid revocó esa sentencia, lo que refrendó posteriormente el Supremo.

En opinión de Canet, la sentencia del Constitucional que denegó u recurso de amparo "contradice su propia doctrina y va contra la propia naturaleza de la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos que acudimos en amparo".

El Constitucional aduce que los indicios presentados contra el empresario -un almuerzo entre ambos, el cambio de número de teléfono de la secretaria, informes médicos sobre la angustia de la mujer y el testimonio de dos letrados ajenos al caso- son insuficientes.