Las enmiendas están suscritas por Vidal-Quadras, el diputado Eugenio Nasarre, el senador Luis Fraga, el parlamentario vasco Santiago Abascal, el concejal del PP en Durango Vicente de la Quintana y el alcalde de Calvia (Mallorca), Carlos Delgado.

Todos ellos proponen un profundo cambio en las primeras 10 páginas de la ponencia política, cuya elaboración por parte del canario José Manuel Soria y la catalana Alicia Sánchez Camacho motivó que la presidenta del PP vasco, María San Gil, abandonara el equipo y se desmarcara públicamente de Mariano Rajoy.

Las dos enmiendas de Vidal-Quadras, Nasarre, Fraga, Abascal, De la Quintana y Delgado modifican los apartados de "Introducción", "Principios y valores del PP" y "Modelo de Estado".

Como principal novedad, este grupo de dirigentes populares apuesta por plantear al resto de las formaciones políticas "de ámbito y vocación nacionales" un acuerdo para la "reforma parcial" de la Constitución con el fin de "reforzar" sus principios y orientaciones fundamentales, así como expresar su "vitalidad y vigencia".

La reforma constitucional afectaría al Congreso de los Diputados, el Senado, la Administración General del Estado y el Poder Judicial, ya que los promotores de las enmiendas consideran que estas instituciones "no están a la altura de su misión, con lo que se debilita el Estado de Derecho y el proyecto nacional pierde su atractivo".

A su juicio, "la defensa de la continuidad de España exigirá a partir de ahora la corrección de las desviaciones de signo confederalizante producidas en la organización territorial del Poder del Estado, así como la reforma y modernización del armazón institucional del Estado democrático y social".

UN PACTO CON EL PSOE

Vidal-Quadras y el resto de dirigentes afirman que "sin esas correcciones y reformas no podrá garantizarse la estabilidad y la viabilidad de nuestro Estado a medio plazo", por lo que reclaman una reforma parcial de la Constitución que "sea pactada y apoyada, como mínimo, por las dos grandes fuerzas políticas nacionales".

Las recientes reformas de los estatutos de autonomía han convertido a España en un país de "hasta siete velocidades", por lo que advierten de la "urgencia de estabilizar, clarificar y restablecer definitivamente la viabilidad del Estado autonómico".

Para ello, piden que en la reforma constitucional se precise el significado y funcionamiento del Estado autonómico, se incluya en el preámbulo una "referencia" al proceso de formación de la unidad nacional, suprimir la "artificiosa distinción entre nacionalidades y regiones" del artículo 2, cambiar el sistema electoral para asegurar una "visión de conjunto" en el reparto de escaños del Congreso y modificar el Senado para convertirlo "en el órgano de participación de las comunidades autónomas en las decisiones del Estado".

Asimismo, los impulsores de estas dos enmiendas quieren prohibir que se incluyan declaraciones de derechos y deberes de los ciudadanos en los estatutos de autonomía, redefinir las competencias respectivas del Estado y las comunidades, regular los hechos diferenciales de cada región, impedir por ley futuros traspasos de competencias y reconocer el actual status de Navarra.

Dado que los enmendantes proceden de comunidades como Cataluña, País Vasco, Galicia y Baleares, exigen "garantizar el uso del castellano en todo el territorio nacional, como lengua común y oficial del Estado, tanto en las relaciones de los ciudadanos con los poderes públicos como en el sistema educativo y en la toponimia, sin perjuicio de la cooficialidad de las restantes lenguas".

Otra de sus preocupaciones pasa por garantizar la independencia del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional respecto al resto de las instituciones.

Asimismo, piden que la reforma constitucional suprima la preferencia del varón en el orden de sucesión a la Corona, lo que exige un amplio consenso parlamentario y exige la inmediata convocatoria de elecciones y su posterior ratificación por las nuevas Cortes Generales.

LOS PRINCIPIOS DEL PP

Entre el resto de novedades que los enmendantes quieren introducir en la ponencia política está una defensa expresa de la monarquía parlamentaria "como forma política del Estado", de la libertad de expresión y de la libertad de culto.

Sobre las distintas religiones, recuerdan que España es un Estado no confesional cuyo marco jurídico "debe ser íntegramente preservado" para conseguir que las distintas creencias sean tenidas en cuenta y tengan garantizado "el debido respeto".

Además, definen al PP como un partido de "centro reformista" sustentado en los principios liberales y "heredero de la tradición reformadora de la sociedad y del Estado que arranca en España del pensamiento ilustrado del siglo XVIII".

Aseguran que "esta visión renovada del liberalismo es compatible con el mantenimiento de postulados procedentes del pensamiento conservador, tales como la reafirmación de la Nación española como sujeto histórico y la indispensable vinculación de la persona con la comunidad política y la sociedad de las que forma parte".

En una de las enmiendas se subraya que el Partido Popular "se apoya en los valores esenciales de la tradición cristiana que se encuentran en la base de la civilización occidental" y que le llevan a defender la dignidad y libertad de la persona y sus derechos inalienables, la defensa de la vida humana desde su concepción y la consideración como fundamentos de la sociedad del matrimonio entre hombre y mujer.

Más allá de las modificaciones que los enmendantes quieren introducir, destaca una de las que quieren suprimir. Con la enmienda, proponen eliminar un párrafo en el que se asegura que el PP "hace de la moderación el eje central de su discurso y praxis política" y que reconocía "el ansia generalizada de la sociedad española por moderar la vida política" en España.