El litigio que ha dado lugar a la sentencia comenzó en 1993, cuando una mujer pidió a los tribunales que privasen de la patria potestad al padre de su hijo, condenado a 30 años de prisión por un delito de robo con homicidio. En el momento de iniciarse el pleito el menor tenía siete años y tendrá 34 cuando su progenitor biológico termine de de cumplir la pena, el 16 de abril del año 2020.

Para el Supremo, quitar la patria potestad de un hijo a un hombre condenado aprisión sería imponerle una pena añadida a la de la cárcel. Asimismo, el Alto Tribunal recuerda que el Código Civil prevé que cuando uno de los cónyuges no pueda atender a sus hijos por las razones que sea, la patria potestad será ejercida por el otro.

Con estos argumentos, el Supremo reconoce el derecho de un hombre preso a la patria potestad de su hijo, si bien añade que, mientras esté cumpliendo condena la misma será ejercida por la madre del menor.