Así lo indicó el sindicato en un comunicado tras publicar el Instituto Nacional de Estadística (INE) que el IPC fue del 6,5% en 2021, la mayor subida de precios desde 1992, por lo que la organización liderada por Pepe Álvarez aboga por “aumentar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), promover incrementos salariales superiores a la previsión de inflación media y establecer cláusulas de revisión salarial”.

“La inflación sigue desbocada, perjudicando gravemente a las trabajadoras y trabajadores y a muchas empresas”, advirtió UGT, que concretó que “las personas asalariadas” perdieron de media 1,6 puntos porcentuales de poder de compra en 2021, siendo la pérdida de 2,6 puntos para quienes solo percibieron el salario mínimo, “en un año en el que la economía ya creció de manera importante y cuando más se necesitaba el impulso del consumo de los hogares para afianzar esta recuperación”. Así, el sindicato considera que se trata de “un mal resultado en términos de justicia social, pero también de eficiencia económica”.

Para UGT “esta situación no puede continuar” y, aunque prevé que “la inflación se irá moderando en 2022”, estima que el incremento medio en el conjunto del año “volverá a ser muy elevado” -el Banco de España estima un 3,7%-, por lo que “los salarios no pueden ser de nuevo los paganos del descontrol de la inflación”, que atribuye a “unos sistemas de formación de precios” energéticos “diseñados para que las grandes multinacionales obtengan beneficios descomunales a costa de los consumidores”.

Además, la central sindical apuntó que “en este contexto, ni el endurecimiento de la política monetaria ni una mayor moderación salarial conseguirán reducir la inflación, porque no reside ahí su causa”, y que “estas medidas tan solo provocarían una quiebra de la senda de recuperación y un aumento de las desigualdades y de las situaciones de pobreza, que ya crecieron mucho durante la pandemia”.

Por todo ello, UGT pide que el Gobierno “profundice en las medidas para reducir los precios de los servicios eléctricos y para paliar su impacto sobre los hogares”; introducir mecanismos “que reduzcan los beneficios extraordinarios que están logrando las empresas del oligopolio del sector, trasladándolos a bonificaciones para los hogares”; y extender las ayudas ya existentes, como el bono social y la rebaja puntual de impuestos, hasta que la situación se normalice.

Por otro lado, reclama también “que los salarios se ajusten al nuevo escenario de crecimiento de la actividad y aumento de los precios, para que las personas trabajadoras participen de la bonanza y logren mejoras en su capacidad adquisitiva que redunde en un fortalecimiento de la propia reactivación”. Para ello, señala que los convenios deben recoger aumentos salariales para 2022 superiores a la previsión de inflación media del 3,7%, incluir cláusulas de revisión salarial para el caso de que los precios crezcan más, y convocar “inmediatamente” a la mesa de diálogo social para “abordar con urgencia” la actualización del SMI para 2022 para situarlo en 1.000 euros mensuales con efectos retroactivos desde el 1 de enero.