El dirigente ugetista criticó la falta de voluntad del Ejecutivo para devolver el patrimonio incautado por el Estado. "Ha hecho un embudo muy estrecho para no devolver a nadie", dijo.

Según indicó Druet,la situación de los sindicatos es distinta a la de los partidos políticos, ya que en el caso de estos últimos, el Estado tiene la obligación de contestar, en un plazo de tiempo, a la petición de devolución del patrimonio, algo que no sucede con los sindicatos.

El Gobierno obliga a los sindicatos a demostrar que el patrimonio es efectivamente suyo, lo que en ocasiones es muy difícil, ya que los documentos de titularidad de edificio fueron destruidos durante la Guerra Civil o en los primeros años de la ictadura, con lo cual "se nos obliga a probar cosas que no exigen ni los tribunales".

UGT aún no va a iniciar un proceso judicial contra el Estado para la devolución de su patrimonio, ya que "el Gobierno aún no nos ha denegado nada y creemos que el proceso judicial no es el mejor camino". Sin embargo, "si continúan en esta actitud, tendremos que recurrir a los tribunales", agregó el dirigente sindical.