Según afirmó el sindicato, ambas entidades consideran que la orden ministerial, que recoge las condiciones por las que las antiguas personas becarias podrán suscribir dicho convenio, fue tramitada sin tener en cuenta a las organizaciones sindicales, cuyas aportaciones para mejorar la medida fueron "ignoradas", y sin escuchar las reivindicaciones de los colectivos afectados.

Por ello, el resultado es “una medida impopular, que incumple los principios básicos del Estado del Bienestar de justicia social y equidad contributiva”, condenó UGT.

Según el sindicato, la disposición obliga a cotizar dichos períodos a coste actual de las cotizaciones, aunque estos se realizaran 20 o 30 años atrás y exige a la persona becaria que asuma el coste de la parte empresarial, lo que supone una “discriminación adicional” con los períodos de prácticas actuales, a los que se les está concediendo una bonificación de cotizaciones del 95%, mientras que al resto de personas afectadas se les exige abonar el 100% de la cuota íntegra, incluyendo la parte empresarial.

Por ello, el sindicato no entiende que el Ministerio “venda la iniciativa como algo exitoso”, pues “supone una doble discriminación y una grave injusticia para las personas que realizaron sus prácticas en años anteriores al tener que hacer frente a una carga totalmente abusiva”.

Por todo ello, UGT y su sección sindical de jóvenes reclamaron al Gobierno que dé marcha atrás y opte por medidas que supongan una “verdadera reparación de los abusos y fraudes sufridos por el antiguo y actual personal becario e investigador” priorizando su protección y sus derechos laborales y garantizando igualdad de condiciones y oportunidades.