En rueda de prensa, Alonso afirmó que, en la atención a los dependientes, "día a día se evidencia una situación de indefensión", ya que la tarea de atención a estas personas se está viendo mermada por la incorporación d la mujer a la vida laboral.

"Hay nuevas necesidades sin respuesta por la incorporación de la mujer a la vida laboral", que era sobre quien recaía la protección de este colectivo. Hace falta, según UGT, una ley universal de atención a los dependientes, "con el concierto de las comunidades autónomas y las corporaciones locales".

El objetivo de las propuestas ugetistas es que "todo pensionista con discapacidad y que necesite los cuidados de una tercera persona tenga derecho a servicios sociales de tención o, en su defecto, a un complemento de pensión que le permita remunerar al cuidador de su elección".

A su juicio, se debe considerar la protección de los dependientes "como un derecho universal y exigible dentro del ámbito de la Seguridad Social, mediante una red pública de servicios sociales que provea cuidados para la vida diaria y la atención sociosanitaria".

Hay que incrementar la oferta pública en Centros de Día y Residencias Geriátricas y potenciar la ayuda a domicilio "de calidad" yla teleasistencia, así como proporcionar recursos para conseguir que el domicilio habitual de estas personas reúna las condiciones necesarias de habitabilidad, seguridad, confort y servicios suficientes que les permita el mayor nivel posible de autonomía personal.

UGT quiere comprometer al conjunto de administraciones públicas para, a corto plazo, atender el 100% de las necesidades de las personas con dependencia grave y severa; a medio plazo, cubrir las necesidades de, al menos, el 75% de las persona con dependencia moderada; y en el menor tiempo posible, extender el servicio de teleasistencia a cuantos ancianos vivan solos.

Además, el sindicato de Cándido Méndez aboga por una mayor protección jurídica de los mayores, agravando la responsabilidad penal cuando estas personas sean víctimas de hechos delictivos o faltas, facilitando la autodesignación de tutor ante una futura incapacitación, regular los derechos de los internados en centros y la debida regulación de nuevas formas de servicios o contatos atípicos, como la vivienda-pensión y otras figuras análogas.

UGT denuncia que España está a la cola de la UE en gasto social en función del PIB, con el 20,1% en 2000, frente al 21,9% de 1996. También España es el último país de los Quince en protección social por habitante, con el 59% de la media comunitaria.

Según datos de la OCDE que se incluyen en un estudio elaborado por UGT, sólo el 1,8% de los mayores de 65 años reciben ayuda en domicilio y el 3,2% en residencias, lejos del resto de pases comunitarios.

Las propias cifras del Instituto de Servicios Sociales (IMSERSO) del año 2001 apuntan que en España hay sólo 3,19 plazas en residencias por cada 100 mayores de 65 años. De ellas, además, sólo un 25,69% son de carácter público, frente al 58,18% privadas y el 16,58% concertadas.

Entre las comunidades autónomas hay importantes diferencias, caso de La Rioja y Castilla y León, donde se superan las cinco plazas en residencias por cada 100 habitantes, frente a otros como Baleares o Muria, donde ni siquiera se alcanzan las dos plazas por cada 100 mayores de 65 años.