Así lo expresaron el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el vicesecretario general de Política Sindical de la organización, Fernando Luján, durante la presentación en rueda de prensa de un informe sobre el coste del despido individual en España, elaborado por la Universidad de Jaén junto a la Universidad Autónoma de Madrid.

Dicho informe advierte de que España es el segundo país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de la Unión Europea (solo por detrás de Portugal) que “más intensamente” ha devaluado su protección frente al despido individual. EN concreto, ha pasado de un Índice de Protección del Empleo (IPE) de 3,55 sobre cinco puntos en el año 1985 a solo dos, por debajo de la media.

En este sentido, Fernando Luján explicó que, por ejemplo, Alemania tiene un 2,6; Francia un 2,56; Países Bajos un 3,61; Portugal un 3,14, y Grecia un 2 sobre cinco. Por ello, sostuvo que “no es cierto, sino todo lo contrario”, que España tenga uno de los despidos más caros, como en su opinión demuestra que cada año se realicen casi medio millón de despidos.

De hecho, detalló que en los despidos improcedentes, “sin causa objetiva”, el coste medio en el caso de los empleados con contrato temporal es de 1.500 euros; 4.642 en el caso de quienes tienen un contrato parcial indefinido; 5.593 euros para los fijos discontinuos, y 9.512 euros para los indefinidos ordinarios.

Asimismo, Luján destacó que la “brecha” salarial y en el acceso al mercado de trabajo se plasma también en una “discriminación” para los jóvenes y las mujeres a la hora de establecer la cuantía de la indemnización de un despido.

SALARIO DE TRAMITACIÓN

Ante este escenario, reclamó recuperar el salario de tramitación mientras se produce el pronunciamiento de la justicia; que si se decreta que el despido es injusto la “víctima” sea quien elige si prefiere la indemnización o reincorporarse al empleo, y regular una indemnización de al menos 45 días por año trabajado, como estaba vigente hasta 2012, cuando la reforma laboral del PP la redujo a 33.

Pese a este aumento, Luján defendió que el coste mínimo debe ser de al menos seis meses del salario del empleado, con el fin de proteger a quienes tienen menos antigüedad que, en muchas ocasiones, son los jóvenes.

Este representante sindical recordó que esto estaba vigente por ejemplo en 1976 , “por lo que no es extraordinario en el Derecho laboral español”. Igualmente, dicho coste existe también en Italia tras una resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales.

Precisamente, primero UGT y después CCOO, presentaron una demanda contra el Estado español por el “bajo coste” del despido en el país, como ya sucedió antes con Italia y Francia. En ambos casos se produjeron sentencias que instaban a reforzar la protección por despido.

Luján espera que, en el caso español, la resolución se conozca durante el primer trimestre del próximo año, ya que reconoció que se ha producido un “retraso” con respecto al plazo previsto inicialmente.

MÁS NECESARIO

Por su parte, Pepe Álvarez comentó que “hoy se hace más necesario” abordar la reforma del despido tras casi dos años de vigencia de la reforma laboral de finales de 2021, dado que al estandarizarse el contrato indefinido, aumentan los despidos que las empresas atribuyen a cuestiones disciplinarias, entre otras causas.

Además, puso en valor que UGT fue quien empezó a hablar de “despido restaurativo y disuasorio” hace dos años y avisó de que más allá de las posturas de partidos como el PSOE, sobre la que dijo no estar al tanto, España tendrá que cumplir con la resolución de la Justicia europea.